Los repartidores de aplicaciones como Glovo, Rappi, PedidosYa o Uber Eats de Argentina han denunciado un incremento de casos en los que descubren ser utilizados para la entrega de drogas, en el marco de la cuarentena que rige en el país por el coronavirus.
Así lo denunció la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), único gremio que cuenta con personería jurídica y convenio colectivo de trabajo, aunque existen otras organizaciones de ‘rapitenderos’ en formación, que dicen representar al sector y han convocado a un nuevo paro para el próximo viernes, en reclamo de mejores condiciones laborales.
A través de un comunicado, ASIMM manifestó su «preocupación» por la utilización de las aplicaciones de entregas a domicilio para el «narcomenudeo», habida cuenta de que estas actividades ilícitas ponen en riesgo a los trabajadores, quienes, además de no estar amparados por las leyes laborales del país, se exponen sin saberlo a ser acusados de cometer un delito penal, que podría llevarlos a la cárcel.
«Los trabajadores no pueden ser utilizados para fines delictivos. Las responsabilidades penales caen sobre el eslabón mas débil«, indica el texto.
La agrupación sindical difundió imágenes y capturas de pantalla de grupos de WhatsApp, donde repartidores expresan sus temores al encontrar drogas en los paquetes que están trasladando. «Somos mulas narcos precarizadas», comenta uno de los trabajadores a sus colegas.
La situación no es nueva sino que se viene denunciando desde 2018, según explicaron las autoridades de ASSIM a RT. Sin embargo, desde que rigen las medidas de aislamiento social, los casos se han «duplicado». La actividad ha sido declarada exceptuada de cumplir la cuarentena por el Poder Ejecutivo Nacional y, por ende, los repartidores puede trabajar durante la pandemia, debido a que se trata de un servicio ‘esencial’.
Esta problemática no es exclusiva de Argentina, sino que afecta a los ‘riders’ de todo el mundo, especialmente durante el confinamiento por la crisis sanitaria.
El peligro de «pedir lo que sea»
«Las empresas no quieren discutir ni siquiera la cuestión de la relación laboral, pero esto me parece que es un problema que va todavía más allá», dijo el responsable del sector Inspecciones y Encuadramiento del gremio argentino, Gonzalo Ottaviano, en diálogo con este medio.
Según el miembro de ASIMM, el hecho de que algunas de estas aplicaciones otorguen la posibilidad de «pedir lo que sea», ofreciendo, además del reparto de comida, un servicio de mensajería no regulado, se presta para el reparto de drogas. De esa manera, los rapitenderos están expuestos a ser utilizados como ‘mulas’ para el narcotráfico, con la posibilidad de ser detenidos, allanados en sus domicilios, y tener problemas legales graves, lo que, en el caso de ser extranjeros, como ocurre con la mayoría, los pone a riesgo de ser deportados.
Para la policía, cualquier objeto que tenga el trabajador en la maleta es de su propiedad hasta que se pruebe lo contrario. Al ser considerados como monotributistas autónomos por las empresas de entrega a domicilio, estas no se hacen cargo de la mercadería que estén recogiendo, trasladando y entregando.
Ottaviano remarca que, al recibir la mercancía a transportar, el rapitendero algunas veces la paga con su dinero, con la idea de que le reintegren ese monto al culminar el envío. Esto quiere decir que, sin saberlo, el trabajador adquiere la droga y oficia como intermediario en el narcomenudeo. «Si lo para la policía y lo revisa, es posible que sea demorado o incluso detenido. Después será decisión de un juez si lo libera o no», señala Ottaviano.
De acuerdo al sindicato ASIMM, cada vez que un rapitendero denuncia a la gente de soporte de la empresa que ha descubierto droga en el pedido que tomó, les bloquean la cuenta a modo de sanción, en parte por haber revisado el contenido del paquete, y también, tal vez, para no terminar involucrada la compañía en el episodio ilegal. Sea por lo que fuere, esa acción en la aplicación les deja sin la posibilidad de trabajar por el tiempo que la empresa decida, o hasta que se presente en las oficinas para dar explicaciones. Por eso, ASIMM recomienda que los trabajadores presenten las denuncias en forma anónima al sindicato, y que este, como institución, las lleve a la Justicia.
En relación a ello, ya hay una causa penal en curso en el juzgado federal 12 por presunta comisión de tráfico y comercialización de estupefacientes, expediente 18606/2018, que involucra a una de las empresas de reparto.
«No estamos diciendo que sean un brazo del narcotráfico, pero sí son un facilitador para que cierta gente pueda ejercerlo», aclara el representante sindical.
Empanadas de marihuana
De acuerdo al gremio, para brindar este servicio de mensajería, las empresas deberían estar registradas como tales, entonces los trabajadores gozarían de la protección de los servicios postales. Así, tendrían la obligación de preservar la confidencialidad del paquete a entregar, pero estarían amparados por esa ley. Al no estar bajo ningún tipo de normativa, son básicamente portadores de «lo que sea».
Ahora bien, ¿cómo llega la sospecha del repartidor de que está transportando drogas? Según explica Ottaviano, un indicio puede ser el hecho de que, tanto el que envía el pedido como el que lo recibe, está en la calle y no en un domicilio, ya que las aplicaciones permiten a los usuarios dar solamente una ubicación o una dirección cualquiera, y esperar la moto en una plaza o en la puerta de una vivienda. La otra puede ser el peso del paquete. «Le ha pasado a un chico que llevaba empanadas, que se extrañó por lo liviana que era la caja. Al abrirlas descubrió que el relleno era en realidad marihuana«, cuenta el entrevistado. El horario en que se haga el pedido, o la forma en que está envuelto el paquete, también pueden arrojar indicios. «Los trabajadores muchas veces revisan lo que llevan por un tema de seguridad propio», añade Ottaviano.
A esto se suma toda la situación de precariedad que las agrupaciones de repartidores ya venían denunciando, incluidas lesiones y muertes en accidentes de tránsito, ante las cuales las compañías no responden. «Es una situación lamentable y extrema, a la que se suma también el riesgo de contraer coronavirus por falta de medidas de higiene. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mira para otro lado», dice el miembro del sindicato. Y agrega: «Hay que ver qué intereses hay detrás de todo esto».
Por lo pronto, para el viernes las organizaciones Glovers Unidos de Argentina y Agrupación Trabajadores de Reparto (ATR), convocaron a un paro nacional y movilización al Ministerio de Trabajo en Buenos Aires, en reclamo de «elementos de seguridad e higiene y aumento del 100 % del pago por envíos». La medida también se llevará a cabo en otras ciudades del país.
El pasado 22 de abril, repartidores de Latinoamérica y España realizaron una gran huelga internacional, para denunciar el recrudecimiento de las condiciones de explotación, los riesgos a los que se exponen en plena cuarentena, y para reclamar una mejora salarial.
Emmanuel Gentile
Con información de RT
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