Captura Internacional

La Corte Suprema ordenó ayer la captura internacional del libanés Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, a quien señala como agente operativo de la organización Hezbolá e integrante de la Jihad islámica y lo relaciona con el ingreso al país de los explosivos utilizados en el atentado a la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992. La medida, que ya fue girada a Interpol, fue dispuesta por los jueces supremos después de recibir un informe oficial israelí a través de Cancillería con algunos datos sobre Suleiman y su supuesta entrada a la Argentina. Pero no está claro todavía si esa información surge de reportes de Inteligencia, de alguna declaración del mismo implicado, y si es así en qué contexto o bajo qué procedimientos surgió el relato. El tribunal también reiteró la orden contra José Salman El Reda Reda a quien vincula con el financiamiento de actividades terroristas. Del ataque, a más de veintitrés años, todavía es poco y nada lo que se sabe.

A principio de marzo, la Corte publicó un informe sobre el estado de la investigación del atentado y ahí decía que según la ex SIDE “organismos de Inteligencia de otros países le habían comunicado que en junio de 2001 se detuvo en el Reino de Jordania” a Suleiman, “quien habría relatado que en 1991 viajó a San Pablo y que a principios de 1992, en Foz de Iguazú, recibió explosivos que transportó a la Argentina en ómnibus, disimulados en cajas de alimentos, los que más tarde fueron utilizados para el atentado contra la Embajada de Israel”. El tribunal decía que esta información estaba en proceso de verificación con oficios a fuerzas de seguridad y organismos de Inteligencia de otros países.

Un aspecto extraño, teniendo en cuenta que Jordania es un país con buenas relaciones con Occidente, es que si Suleiman estuvo detenido allí hace tanto tiempo y supuestamente aludió a su ingreso a la Argentina, no se lo haya indagado ya antes. Se sabe poco de su paso por el país: suponiendo que recibió explosivos, no se conoce quién se los dio, ni dónde los llevó, ni con quién se contactó. Y si bien la Corte afirma que se utilizó para el atentado una camioneta Ford F-100, con una carga de pentrita y trinitrotolueno en la parte derecha, que había estado en un estacionamiento en Cerrito entre Juncal y Arroyo, no se conoce quién la llevó hasta ahí, ni quien se la compró a un fotógrafo policial al que pertenecía antes, ya que fue adquirido por una persona con un documento brasileño que resultó ser falso.

El número del motor fue identificado, se hallaron varias partes, y está avalada la teoría de que se utilizó un coche bomba por el cráter que quedó frente al edificio de la embajada. Todos los datos sobre la camioneta figuraban en una resolución suprema de 1999, la misma que responsabilizaba a Hezbollah en función de un comunicado que habría llegado al diario An Nahar, en Beirut, aunque el director decía que ignoraba la fuente. La Jihad islámica también ratificó la autoría y también la desmintió.

En alusión a aquella resolución, fue que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la apertura del año judicial dijo: “Hubo una sentencia en 1999 que determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. Se encontró culpable al grupo Hezbolá. Es cosa juzgada”. El juez pretendía contestarle a Cristina Fernández de Kirchner, quien en la Asamblea Legislativa había dicho: “¿Cuál es el resultado de la investigación de la Corte sobre el atentado a la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? ¿Qué fue lo que pasó?”. La afirmación de Lorenzetti escandalizó a los familiares de las víctimas. También había una resolución de 2006 que decía claramente que la investigación sigue abierta. El comunicado que difundió después el tribunal con datos de la causa pretendía corregir el discurso y mostrar a la Corte activa. Los pedidos de captura conocidos ayer muestran que cosa juzgada no hay y que todavía, pese al paso del tiempo, es poco lo que se conoce.

El primer nombre concreto que se vinculó a Hezbolá fue el del responsable de la Jihad islámica al momento del atentado, Imad Mughniyah, cuya captura la Corte había pedido en base a informes norteamericanos, alemanes y de la SIDE. Era una imputación genérica, porque no se estableció su nexo con alguien en Argentina. Ese terrorista murió en un atentado en Damasco en febrero de 2008.

La Corte trazó relaciones entre Hezbollah y personas “sospechosas que desarrollaban actividades supuestamente comerciales en la Triple Frontera”. Uno fue Samuel Salman El Redad Reda. En 1992, según el tribunal, un hermano suyo, José Salman El Reda Reda, fue detenido en Rosario con una cantidad inmensa de dólares falsificados que se suelen hacer en Irán y utilizarse para financiar actividades terroristas. Se los llama “superdollares” y al parecer fue la cantidad más grande secuestrada en la historia de estas falsificaciones. La Corte ya había pedido la captura de este sujeto, que se pudo ir de la Argentina después de aquella detención y que ahora viviría en Líbano con una supuesta que enfermera que en realidad trabajaría para una central de inteligencia. Por el atentado nunca se lo indagó ni está claro cuál fue su participación, pero se volvió a pedir su captura.

El procedimiento para traer a Suleiman o a José El Reda Reda tampoco sería expeditivo y habrá que ver qué mecanismos de cooperación se activan, si es que se activan. Sus requerimientos de captura están firmados por los cuatro jueces de la Corte. La Embajada de Israel hasta ayer a la noche no quiso proporcionar precisiones sobe le informe que hizo llegar al tribunal por los canales formales a través de la Cancillería.

La investigación de este atentado pasó por toda clase de escenarios, desde los inicios que dentro de la propia Corte se propiciaba la teoría de que había sido una implosión, la vinculación de personajes como la iraní Nasrim Mokhtari, una prostituta que alternaba en cabarets de París y a la que un brasileño, Wilson Dos Santos, vinculó con el atentado contra la embajada. Hasta se había contabilizado mal el número de víctimas: en un comienzo se difundieron 29, y cuando asumió la investigación el secretario penal Estaban Canevari, en 1999, estableció que los muertos habían sido 22.

Fuente: Página 12