La serie de reuniones en las comisiones de Economía y de Presupuesto de la Cámara Alta que comenzó el miércoles pasado con la exposición del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay y que debate el proyecto de ley oficialista para cerrar el acuerdo con los buitres, finalizó hoy con la participación de especialistas económicos y del ámbito jurídico.
Juan Carlos Fábrega, ex presidente del Banco Nación y del Banco Central, formó parte de la discusión y opinó que “no acordar (con los fondos buitres), claramente, es más costoso y con posibilidad de menos quita en una negociación a futuro, y con más punitorios”.
Otra ex presidenta del Banco Nación y del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, recomendó a los senadores que se tomen más tiempo para decidir sobre el proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y que habilita al gobierno nacional a tomar una deuda por 12 mil 500 millones de dólares para pagarles a los fondos buitres.
«No hay razones para el apuro. Hay que darle una vuelta de página a una deuda que se inició en 2001, pero con una salida sustentable”, indicó Marcó Del Pont.
A su vez, Osvaldo Guglielmino, procurador del Tesoro hasta 2010, advirtió que “no se puede impedir que haya más demandas en el futuro” y cuestionó que “pactar del modo en que se está haciendo, es ceder a una extorsión”.
En tanto, Stella Maris Biocca, especialista en derecho internacional, aseguró que «está fuera de lógica decir que el acuerdo es inevitable» y enfatizó: «Lo que es inevitable es endeudar, endeudar y endeudar y crees que esto es beneficioso. Los intereses no van a bajar del 8% y con eso no se cambian las falencias de la estructura económica de la Argentina».
La especialista se dirigió a los senadores al decirles que «no se rindan, no entreguen soberanía».
Junto con el proyecto que, se prevé, será tratado en el recinto el próximo 30 de marzo, la oposición encabezada por el kirchnerismo también buscará modificar Ley de Administración Financiera con el objetivo de que cualquier toma de decisión que implique la salida al mercado por parte del Ejecutivo cuente con el aval del Congreso de la Nación.
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