Denuncian a Gendarmería por la respresión de niños en Bajo Flores

Para la Justicia, los disparos con los que se reprimió e hirió a un grupo de murgueros que ensayaban en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores deben ser investigados como un caso de violencia institucional por parte de la Gendarmería Nacional. Así se plasmó en una denuncia penal contra los efectivos que participaron del operativo, que según los testimonios recabados y los registros fílmicos, dispararon sin motivos contra las personas que se encontraban el viernes por la noche en la calle, con el resultado, al menos, de once heridos de bala de goma y de plomo, algunos de ellos menores de edad. El expediente iniciado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) dependiente del Ministerio Público Fiscal recayó en el juzgado a cargo de Guillermo Rongo, con la solicitud de que se investigue a toda la cadena de mandos responsable del operativo.

Mientras tanto, desde el gobierno nacional volvieron a defender el accionar de los gendarmes, adujeron que dos resultaron heridos de bala y se encuentran internados en el Churruca, y prometieron abrir una investigación al respecto. Ayer, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich intentó reaccionar luego de que el caso tomara estado público y anunció una serie de medidas para “entender qué sucedió”. “Está ese hecho y (el de) dos gendarmes heridos de bala en el mismo operativo», afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando fue consultado por el hecho que ayer fue denunciado ante la Justicia. Inicialmente, el caso sólo había sido reflejado con información de la fuerza como un enfrentamiento en el que resultaron baleados los gendarmes. De los datos recabados por PROCUVIN no es posible establecer que los efectivos resultaran heridos al momento de que comenzaran los disparos contra de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” en el cruce de las calles Charrúa y Varela.

De acuerdo a la denuncia a la que accedió Tiempo, una decena de testimonios tomados por la fiscalía especializada ratificaron que ante la imposibilidad de avanzar de uno de los móviles de Gendarmería, uno de los agentes comenzó con los disparos contra los niños, jóvenes y adultos quienes presenciaban el ensayo, represión que se extendió por 20 minutos. Según los relatos, se le sumaron cinco móviles de apoyo que acompañaban el supuesto operativo para recuperar “cuatro autos robados”. Inmediatamente, la Procuraduría a cargo de Miguel Palazzani logró decomisar en el lugar seis cartuchos de color verde, tres casquillos dorados -presumiblemente de pistola 9 mm- y veinticinco postas de goma.

Testigos que fueron hospitalizados por los impactos de bala también revelaron que esa noche tanto Gendarmería como personal de la Policía Metropolitana concurrieron al Hospital Piñeiro consultando sobre posibles heridos. Los relatos son coincidentes en que los disparos fueron repentinos e inmotivados, mientras casi un centenar de personas trataban de correrse del paso de los móviles, pidiendo cautela ante la cantidad de niños presentes. “Empezaron los disparos y nos gritaban negros de mierda, nos insultaban. Yo empecé a retroceder, a correr, lo agarré a mi hijo y atiné a tirarme contra las paredes”, relató uno de las víctimas. “No vi armas de fuego ni vi a nadie tirando piedras… pero armas de fuego puedo asegurar que nadie tenía…  Acá no hay armas, hay juegos, música y alegría”, desmintió otra testigo la versión oficial de la fuerza, que intentó imponer la versión de un ataque hacia los uniformados.

En la causa penal, ahora en manos del fiscal criminal y correccional Carlos Velarde, PROCUVIN se pide investigar a los efectivos por “tentativa de homicidio doloso calificado por el abuso de funciones por ser miembros de una fuerza de seguridad”, lo mismo que las responsabilidades por posibles incumplimientos de sus “deberes institucionales” de quienes estaban al mando del comando Cinturón Sur de Gendarmería y a la cúpula de la fuerza. Se solicitó que se secuestren las modulaciones de los gendarmes, se aparte a los involucrados y se aporte sus legajos, además de obtener los registros de GPS de los móviles y determinar cómo iban armados para cumplir con el operativo. Desde la cartera de Bullrich, indicaron que recién ayer pusieron en marcha un procedimiento “administrativo” y enviaron a personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana para recoger testimonios, aunque, dijeron, nadie quiso hablar con ellos.