Pablo Reynada tenía 30 años y ayer a la mañana salió a comprar el desayuno para sus cuatro hijos. En el camino, en la intersección de Barros Paso y Crespo del Barrio Illia, se cruzó con oficial de la Policía Federal que estaba vestido de civil, sin identificación y con posesión de arma. Pablo Reynada recibió tres disparos que lo dejaron sin vida aproximadamente a las 09:30 de la mañana.
De acuerdo a la periodista Erika Silva, las causas que llevaron al abuso de fuerza por parte del oficial aún no están esclarecidas. Versiones periodísticas, a su vez, afirman que existen contradicciones en los testimonios de los testigos; algunos afirman que el oficial evitó un intento de asalto, otros que el agente le disparó luego de una discusión. Todos coinciden en que Pablo Reynada no estaba armado.
«Es un policía que viene a a traer notificaciones al barrio, pero no lo conocíamos porque estaba cubriendo el lugar del notificador de siempre, no estaba identificado y no tenía uniforme” informó en diálogo con ABC en Línea Leo Demonti, vecino de Pablo, y hermano de Ezequiel, otra víctima fatal, en 2002, de violencia institucional.
Las pericias sobre el cuerpo de Pablo quedaron a cargo de Gendarmería, y la policía Metropolitana se encargó de interrogar a la familia, quienes denunciaron no haber estado en presencia de un abogado, violando de esta manera un derecho básico y fundamental. Además, la Metropolitana les preguntó a los familiares de la víctima si Pablo se drogaba, si había estado en la cárcel e hicieron mención del origen boliviano del joven.
La investigación se encuentra en manos de la fiscalía del barrio Pompeya y Parque Patricios a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, quien señaló a Página/12 que el caso es «raro y confuso, ya que está involucrado un oficial casi administrativo que se dedicaba a entregar cédulas judiciales».
“Desde que se declaró la emergencia la policía está muy violenta, cada vez que hay una discusión en el barrio caen 20 patrulleros”, afirmó Demonti, haciendo referencia al estado de «emergencia en seguridad» en todo el territorio nacional que anunció hace dos días la flamante ministra del macrismo, Patricia Bullrich.
Por su parte, la diputada por el Frente Para la Victoria-Nuevo Encuentro, Andrea Conde, manifestó: «Queremos que se investigue profundamente este caso, que no exista impunidad para la fuerza en su conjunto» ni que se invesibilice desde la «cobertura mediática y política». Y concluyó: «Queremos una fuerza que no sea una amenaza para la sociedad, sino que garantice la seguridad de todos los ciudadanos».