El juez Gastón Mercau, a cargo de la causa que mantiene detenida a la legisladora del Parlasur, dio una exposición en la cual intentó aclarar la situación de Milagro Sala, aunque la versión de que se trata de un caso de persecución política cobra cada vez más fuerzas.
Mercau afirmó que Sala se encuentra detenida por dos delitos: «tumulto» e «instigación al delito» lo cual se contradice con las manifestaciones públicas del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien lanzó a través de los medios un sinfín de denuncias contra Sala. Sin ir más lejos, y sin ninguna prueba, acusó a Sala de ser una «narcotraficante» y de haber convertido una organización social -la Tupac Amaru- en una organización delictiva.
De acuerdo a Mercau, por «tumulto» e «instigación al delito» Sala podría recibir penas de prisión «que van de 1 a 4 años (por el primer hecho) o de 2 a 6 años».
Ante la pregunta de por qué otros dirigentes bajo las mismas acusaciones que Sala están en libertad, el juez buscó desligarse y cargó responsabilidades en el juez Raúl Gutiérrez, quien fue el que ordenó la detención a Sala ya que estaba a cargo del juzgado de Mercau durante la feria de enero. Mercau afirmó que «hay cuatro personas imputadas por las mismas causas» que ya se encuentran liberadas y explicó sobre el caso particular de Sala: «No sé lo que consideró el doctor Gutiérrez al dar la orden. Hay distintos indicadores de peligrosidad procesal: puede ser ante una posible fuga o potencial entorpecimiento del proceso».
Tampoco pudo explicitar cuáles fueron los motivos concretos para la detención de Sala: «No puedo contestar exactamente qué es lo que consideró el Dr. Gutiérrez para detenerla”.
Por su parte, Luis Paz, abogado de Sala, luego de las declaraciones de Mercau, expresó: «Cuanto más tiempo pase, más se agrava la situación de detención arbitraria e ilegal (de Milagro). Si quisiera, el juez podría resolver hoy mismo el pedido de cese de detención puesto que tiene los instrumentos legales para hacerlo. La ley orgánica del Poder Judicial lo determina y la Constitución de la Provincia de Jujuy lo ordena».
Mientras tanto, por décimo día consecutivo Sala sigue privada de su libertad, alojada en una cárcel común, y la Tupac Amaru y otras organizaciones continúan con el acampe que hoy cumple 43 días frente a la sede del Poder Ejecutivo provincial.
El caso de Sala ha generado rechazo en organismos de derechos humanos, movimientos políticos y sociales de Argentina, del resto de América Latina y del mundo, como por ejemplo, los pronunciamientos en repudio de Amnistía Internacional y de los parlamentarios de la Unión Europea.