Federico Adolfo Sturzenegger y otros ex funcionarios del gobierno de la Alianza están procesados nuevamente como «partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» en el marco de la causa del denominado Megacanje de la deuda externa.
A fines de 2013, el juez federal de primera instancia, Sebastián Ramos, había dispuesto el procesamiento de Sturzenegger, quien ocupaba el cargo de Secretario de Política Económica durante el Megacanje, más el embargo de sus bienes valuado en 5 millones de pesos.
Este procesamiento fue revocado por la Sala Segunda de la Cámara Federal el 5 de junio de 2014, donde los camaristas pidieron el sobreseimiento tanto del actual presidente del BCRA como de Carlos Federico Molina, Guillermo Eduardo Mondino, Jacobo Julio Dreizzen, Norberto Mauricio López Isnardi, Horacio Tomás Liendo, Ernesto Alberto Marcer y Jorge Amadeo Baldrich. Además, la Cámara Segunda solicitó que «la formación de este proceso en su contra no debe afectar el buen nombre y honor de que gozaren».
El fiscal Germán Moldes se opuso a este sobreseimiento y apeló el fallo. En su apelación, Moldes dejó en claro que «en la causa hay un frondoso caudal probatorio, que demuestra con solvencia que tras una decisión de política económica del Estado, hubo una maniobra de funcionarios públicos que en nombre del Estado, favorecieron a sus amistades». Y además sostuvo que de llevarse a cabo el sobreseimiento «quedarían desvinculados varios funcionarios públicos responsables de esa maniobra delictiva».
El 29 de abril, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal anuló los sobreseimientos. Algunos funcionarios llevaron la apelación hasta la Corte Surpema de Justicia que el último 15 de diciembre se pronunció en contra de la apelación y , por lo tanto, a favor de la primera resolución del juez Ramos. De esta manera, los ex funcionarios, entre ellos Sturzenegger, se encuentran otra vez procesados por delito económico de la causa del Megacanje.
Convertibilidad, Blindaje y Megacanje:
Durante el primer gobierno de Carlos Menem en Argentina se dispuso por ley, en 1991, la llamada «convertibilidad», la cual disponía un tipo de cambio fijo: un peso, un dólar. Para sostener esta maniobra, se pidieron préstamos en dólares que fueron aumentando la deuda externa. En 1999 asumió como presidente Fernando de La Rúa por el frente de la Alianza que nucleaba a sectores de centro derecha entre los que sobresalía la Unión Cívica Radical. De La Rúa tomó la decisión de que la convertibilidad continuara en vigencia, con lo cual, la necesidad de dólares se incrementó cada vez más ya que las deudas no se utilizaban en función a un modelo económico productivo, sino a un modelo especulativo financiero.
En enero de 2001, la gestión De La Rúa, con José Luis Machinea como ministro de Economía, pidió un préstamo a los principales actores financieros multinacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, de 40 mil millones de dólares que, en teoría, cubriría los gastos de deuda y el déficit del país. Es decir, era un pedido de crédito para, principalmente, pagar los créditos pre-existentes. La teoría del FMI era que, una vez que Argentina demostrara que pagaba sus deudas a cualquier precio, volverían al país la confianza y las inversiones externas.
A cambio, Argentina se comprometía a recortar el gasto público; de esta forma, mientras el 20% del PBI era destinado a pagar la deuda, el Estado reducía las partidas disponibles para las provincias, las jubilaciones y los salarios del sector público.
Con Domingo Cavallo como ministro de Economía y la clara demostración en los hechos de que el Blindaje no había sacado a Argentina de su crisis, se comenzó a gestionar el Megacanje de la deuda externa. Esta maniobra -ideada por David Mulford, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos y, en aquel entonces, vicepresidente del Credit Suisse Fist Boston, uno de los bancos favorecidos- consistía en reestructurar la deuda para que permitiera ser pagada en un plazo mayor: se canjeaban 46 bonos de deuda vieja por 5 títulos nuevos a pagar hasta 2031.
Los 5 títulos nuevos fueron canjeados por siete bancos (Banco Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston) que cobraron por esta maniobra en comisiones más de 150 millones de dólares.
A su vez, las comisiones para estos bancos correspondían al canje de bonos por 27 mil millones de dólares. Pero 20 de esos 27 mil millones ya estaban en manos de esos bancos que, de ese modo, cobraron por un autocanje. Y no fueron los únicos, David Mulford obtuvo 20 millones de dólares en comisiones para sí mismo.
El Megacanje, a su vez, supuso un incremento de la deuda -entre pesados intereses y comisiones- en 55 mil millones de dólares. La fiscal Fabiana León calificó esta operación como una maniobra «dolosa» para salvaguardar a los bancos frente a la desvalorización de sus carteras.
Seis meses más tarde de la aplicación del Megacanje, orquestado en teoría para evitar el default, el país entró en suspensión del pago de su deuda externa.
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