El protocolo para la protesta social se presentará en enero

El gobierno nacional avanza con su proyecto de un protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad en piquetes y protestas sociales. El presidente Mauricio Macri ratificó ayer que durante enero presentarán estas nuevas medidas al considerar que los cortes y piquetes «tienen que ver con la prepotencia y el abuso». Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo había adelantado horas antes al asegurar que buscan evitar que «la ciudad sea un caos todos los días».

En medio de las protestas que realizan los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja por despidos, el presidente anunció ayer que en los próximos días pondrán en funciones una nueva regulación para las fuerzas de seguridad frente a la protesta social que modifique el protocolo de «Criterios Mínimos» utilizado por el Ministerio de Seguridad en los últimos años, en el que se prohíbe llevar armas de fuego, así como disparar balas de goma y utilizar pistolas lanzagases.

«Estamos trabajando en el protocolo, en enero hemos dicho que lo vamos a presentar», dijo Macri en conferencia de prensa.

Y agregó: «Yo les pediría que realmente entendamos que la forma de expresar los reclamos, afectando a los demás es un camino que no tiene que ver con el diálogo, sino que tiene que ver con la prepotencia, con el abuso. Y acá lo que necesitamos es reducir el nivel de conflictividad, reducir la problemática en la Argentina y encontrar espacios, donde sentarnos a trabajar juntos, para construir soluciones nuevas a viejos problemas», manifestó.

Más temprano, su ministra de Seguridad dio más detalles del nuevo protocolo, en el que le pedirán a la justicia que tenga una «reacción rápida». «Estamos elaborando un protocolo que queremos discutir con todos los jueces y con todos los que participan. No queremos que la ciudad sea un caos todos los días. Creemos en el derecho a la protesta, pero también en el derecho de circular libremente», dijo Bullrich en diálogo con radio La Red.

El reglamento se desarrolla en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, y buscará «dar certezas de cómo van a actuar las fuerzas de seguridad» y «establecer las garantías a los ciudadanos para llegar a sus lugares de trabajo sin que cada día sea una desgracia», indicó Bullrich.

El protocolo utilizado en los últimos años fue definido por la ex ministra Nilda Garré en 2011 y se establece como objetivo fundamental «el respeto y protección de los derechos de los participantes» y «la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados».

Señala que se deben agotar «todos los recursos e instancias para garantizar una resolución de los conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas».
Tiene entre sus principales definiciones la prohibición a las fuerzas de seguridad de portar de armas de fuego y la utilización de pistolas lanza gases queda. Establece que las balas de goma sólo podrán ser utilizadas con fines defensivos pero «en ningún caso se podrán utilizar para dispersar una manifestación».