Argentina está sumergida en una severa crsisis económica. Las politicas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri causan estragos entre los sectores mas vulnerables y en derechos fundamentales como salud y educación.
El miércoles se hizo pública la advertencia de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) por una deuda del Estado nacional de 250 millones de pesos con las prestadoras, que las pone al borde del cierre y que las obliga a no tomar nuevos pacientes a partir del 1 de septiembre.
Darío Zapata, presidente de la Cadra, habló con el diario local Tiempo Argentino sobre el documento que le enviaron al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal, y al responsable del programa Incluir Salud, Pablo Atchabahian. En esa carta, el directorio de Cadra pide respuestas inmediatas para evitar “consecuencias indeseadas”.
“Por encima de lo que puede ser una discusión de recursos, hay personas que si no pueden seguir sus tratamientos de diálisis ponen en riesgo su vida de manera inmediata. Entonces hay que entender y ver de qué manera resolver. La red prestacional tiene toda la predisposición, pero necesitamos los recursos. Está en juego la vida de las personas detrás de esto”, explica el doctor Zapata.
Un programa que fallece
El programa Incluir Salud (ex Profe) tiene 14 años de funcionamiento, pero ahora “está claudicando”, continúa Zapata y cuenta que, si bien vienen con dificultades desde un tiempo atrás, en 2018 se ha agudizado la situación en el contexto económico del país. “La diálisis es una práctica médica que requiere de insumos dolarizados y consume muchos servicios, como energía y agua”, relata Zapata mientras el dólar trepa por encima de los 39 pesos.
“Muchos centros de diálisis están en situación de quiebra con anuncio de cierre. Nosotros hemos planteado este problema ya hace tiempo y no hay ninguna respuesta. Por el contrario, hay respuestas tajantes de hasta no reconocimiento de deuda, pero el último cobro ha sido en marzo. Hay una deuda de 250 millones de pesos. Y enfrentamos una crisis tremenda”, así pinta el cuadro de situación de los centros especializados en diálisis del país el presidente de Cadra, organización que representa más de 150 centros.
El programa dependía del Ministerio de Salud y para febrero pasó a la Agencia Nacional de Discapacidad. Este cambio “en vez de mejorar la situación, la agudizó. Ellos argumentan problemas de presupuesto, pero si ponemos las cosas en su contexto general, el Estado está realizando recortes presupuestarios por todos lados sin garantizar la supervivencia de programas de salud, y esto es inviable, porque no podemos seguir prestando servicios que pagan a un valor bajo con un costo financiero altísimo. Nosotros prestamos los servicios médicos en marzo y aún no lo hemos cobrado”.
El doctor Zapata busca dejar claro que no dejarán de prestar los servicios «porque nos comprometimos con los pacientes, pero a partir del 1 de septiembre no incorporaremos nuevos pacientes. Los que ya tenemos los mantendremos, en tanto y en cuanto podamos sostenerlos. Si la situación sigue igual o se agudiza, obviamente habrá centros que cierren y el Estado tendrá que hacerse cargo de ellos. La carta documento que le hemos enviado es avisando esta situación”.
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