El gobierno argentino propondría permitir el aborto hasta con tres meses y una semana de gestación, divulgó la agencia EFE, según el texto facilitado este miércoles 18 de noviembre por fuentes oficiales.
El informe indica que toda persona gestante tendrá derecho a acceder al aborto en los servicios del sistema de salud, o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento, y tendrá el derecho de recibir del personal, entre otros aspectos, información adecuada, trato digno, calidad, privacidad y confidencialidad.
«Las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana CATORCE (14) inclusive, del proceso gestacional», establece el proyecto, que fue anunciado por el presidente argentino, Alberto Fernández.
«El debate no es decir sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud de Argentina», destacó el mandatario.
Una vez que pasen las 14 semanas, se podrá interrumpir el embarazo si este fue resultado de una violación -siempre con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante- o si está su vida en peligro. Ambos son los únicos supuestos en los que en la actualidad se puede acceder al aborto en Argentina.
Los profesionales de salud que deban intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tienen derecho, según el proyecto, a ejercer la objeción de conciencia, para lo cual deberán derivar «de buena fe a la paciente» para que sea atendida por otro profesional en forma «temporánea y oportuna, sin dilaciones».
También adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto y cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.
«El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable», destaca el texto, en el que se remarca que no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.
Con respecto a la cuestión penal, la ley, de ser aprobada, establece que será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año la persona gestante que, tras la semana 14 de embarazo, y siempre que no medien las excepciones previstas, cause su propio aborto o consienta que se lo hagan, aunque podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hagan «excusable» la conducta.
La tentativa de aborto por parte de la propia mujer no será punible.
Así, quien cause un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si lo hizo sin consentimiento de la persona gestante, una pena que podrá elevarse hasta 15 años si esto conlleva que además muera la embarazada.
La pena será de 3 meses a 1 año de cárcel si lo hizo con consentimiento de la mujer luego de la semana 14 de gestación.
Junto al proyecto para legalizar el aborto, el mandatario también anunció otro para crear el «Programa de los 1.000 días», que busca bajar la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición y prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de las personas gestantes y de sus hijos hasta los 3 años.
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