La justicia argentina condenó a cadena perpetua al exmilitar genocida Mario Ocampo por ser coautor de crímenes de lesa humanidad contra 47 personas, cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), reseñó Prensa Latina.
En una nueva etapa del juicio llamado Contraofensiva II, y transmitida en vivo por las redes sociales, el Tribunal Oral Federal 4 de la localidad bonaerense de San Martín dio a conocer la sentencia sobre Ocampo, a quien se le imputaron los delitos agravados de homicidios, tormentos y privación ilegítima de la libertad, cometidos de forma premeditada y con alevosía contra perseguidos políticos en aquellos años.
Así lo expresa el documento de sentencia sobre el caso del exmilitar, acusado de coautor responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra 47 militantes de la organización Montoneros entre 1979 y 1980.
Según reflejó el medio local, La Retaguardia, durante el juicio el Tribunal ordenó revocar la prisión domiciliaria y su traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Antes de emitirse la condena, el genocida volvió a declararse inocente.
Ocampo fue integrante del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército en Campo de Mayo. Es el séptimo represor condenado por este caso y el único acusado en este tramo porque estuvo prófugo más de seis años y el juicio había comenzado sin él.
“Estaba escondido en un country de Pilar, en la Provincia de Buenos Aires. Pese a eso, siguió todo el proceso con el beneficio de la prisión domiciliaria, que le fuera otorgada por la justicia de Mendoza, donde en abril de este año se inició un juicio por delitos de lesa humanidad que también lo tiene como imputado”, recordó La Retaguardia.
En junio pasado, otros cinco represores fueron condenados a prisión perpetua por los crímines de lesa humanidad cometidos en esta causa.
Entre 1979 y 1980, el grupo Montoneros llevó a cabo la llamada Contraofensiva, que consistió en el reagrupamiento de militantes exiliados en diferentes países que regresaron a Argentina a encabezar una campaña para resistir a la dictadura cívico-militar y generar apoyo social para que el terrorismo de Estado llegara a su fin.
Nueve exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército fueron imputados por secuestrar, torturar y asesinar a casi un centenar de personas, tanto en Argentina como en Brasil, Perú y España. Tres de ellos murieron durante el proceso sin ser condenados.