Macri persiste en su política de eliminar subsidios a los servicios

El Gobierno de Mauricio Macri decidió vetar la ley promulgada por el Congreso de Argentina que llevaba las tarifas de los servicios públicos a las de noviembre de 2017.

La acción del Senado que anulaba el alza de la tarifas, es considerada por analistas políticos del país austral como un relanzamiento del peronismo, ante la pérdida de fuerza por la división entre kirchneristas y no kirchneristas, de cara a las elecciones del próximo año.

Pero por muy impopulares que son las decisiones de Macri, su Gobierno mantiene la política de eliminar los subsidios estatales que durante la gestión anterior se mantuvieron a la electricidad, el gas, el agua y el transporte público, sobre todo en Buenos Aires, donde se concentra el 40% de la población.

El costo fiscal de los subsidios en 2016 representó 3,6% del PIB y este año, según previsiones de JP Morgan, habrá bajado a menos de 2%. El peso del ajuste cayó sobre el argentino de a pie: entre 2016 y 2017 la electricidad aumentó 562%, el agua 338% y el gas 223%, contra una subida promedio de salarios del 72% y una inflación que este año puede llegar al 25%.

El peronismo apuntó a ese nicho de descontento y asestó la mayor derrota política sufrida por Macri desde que llegó al poder, pero el Gobierno no cedió y vetó la ley, de manera de llevar a cero los subsidios.

No le será fácil al Presidente absorber el costo político, sobre todo porque en septiembre deberá discutir, en ese mismo Congreso, la ley de presupuesto del año que viene. En situaciones normales el presupuesto no suele ser un problema, pero esta vez incluirá los recortes necesarios para cumplir con la promesa de ajuste que Macri hizo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sea como resulte la gestión de Macri, si persiste en es apolítica, es el pueblo el que debe asumir el mayor impacto, porque el aumento de los salarios no compensa el vertiginoso incremento de los servicios.