El partido gobernante en Argentina, Cambiemos, habría utilizado a empleados públicos de la provincia de Buenos Aires para lavar dinero y que figurasen como aportantes a las campañas electorales, en un escándalo que ahora incluye también a nuevas figuras de la tolda política de Mauricio Macri.
La fundación La Alameda amplió la denuncia por lavado de dinero contra Cambiemos en el caso de los aportantes presuntamente apócrifos, reseñó Sputnik, los cuales se desprenden de la última rendición de gastos de campaña de 2017.
Según publicó Clarín, se presentaron nuevos casos de personas que negaron haber realizado aportes financieros, desde consejeros escolares y jubilados hasta concejales. En esta oportunidad, la fundación que conduce Gustavo Vera denunció ante el juez Sebastián Casanello que esta maniobra también se observó en la última lista que encabezó Elisa Carrió.
La lista entregada este lunes supera los 1.200 aportantes sospechados de ser apócrifos, es decir, de quienes se habrían utilizado sus datos personales y socioeconómicos para atribuirles un determinado monto de dinero como si hubiesen aportado a la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que plantea la denuncia inicial de hace un mes de La Alameda y que instruye el juez federal Casanello junto al fiscal Carlos Stornelli.
Con el inicio de la actividad judicial tras la feria de invierno, La Alameda amplió las acusaciones contra Cambiemos, y se refirió a aportantes de los principales candidatos: Esteban Bullrich, Graciela Ocaña y Toty Flores.
Ahora se sumaron -según confirmaron a este medio- más casos de supuestos aportantes que en las últimas semanas estuvieron consultando si integraban en el listado de rendición de gastos.
Aumentas las denuncias contra Cambiemos
El nuevo escrito está firmado por Rosenberg y Ximena Rattoni, del partido Bien Común, junto a Gustavo Vera. En la letra de esta denuncia se continúa ampliando el objeto de investigación respecto a la última campaña de Cambiemos en Buenos Aires.
Entre los organismos del Estado a los que pertenecen los aportantes se encuentran empleados de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), miembros de las fuerzas de seguridad, empleados de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. «Al momento de esta presentación, las personas que se comunicaron para informar que son víctimas de este delito alcanzan la cifra de 1.140.600 (un millón ciento cuarenta mil seiscientos) pesos», señala el texto.
El texto de la La Alameda remarca que los empleados manifestaron «conocer un mecanismo implementado reiteradas veces en el tiempo» para introducir «dinero ilegal y/o de las arcas públicas y financiar diferentes campañas electorales«. En ese mecanismo, según la denuncia, se introducían «falsamente los datos de los empleados del gobierno de la Ciudad, y los funcionarios responsables de las distintas áreas ministeriales figuran como aportantes».
La Fundación pide también que se determine quiénes son los «responsables intelectuales y materiales de implementar ese sistema ilegal». Detrás de las denuncias, se acrecienta el desprestigio del presidente Macri, por las acciones fraudulentas de su partido.