El presidente Mauricio Macri, en línea con su intento de despegarse a través del discurso de la «transparencia» del escándalo que lo involucra con las empresas radicadas en paraísos fiscales, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de acceso a la información pública.
Macri, quien hoy fue imputado en el marco de la investigación de los Panamá Papers por el fiscal federal Federico Delgado, detalló que la ley, en caso de ser aprobada, permitirá que «cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros, y que los funcionarios tengan que contestar en quince días», caso contrario, «podrán ser sancionados».
El proyecto también prevé la creación de un organismo estatal dedicado específicamente a ejecutar la ley, y que tendrá «una persona encargada que no solo va a estar a disposición para explicar cómo se utiliza ese sistema, sino que también va a velar porque los funcionarios respondan en tiempo y forma».
«Tenemos que terminar con la corrupción», continuó el presidente. «Es algo que nos daña, que nos lastima, y para eso también, como aporte he decidido hacer un fideicomiso ciego. Eso implica destinar a un lugar, a un conjunto de personas independientes, todos mis bienes para que ellos se ocupen de administrarlos durante mi tarea pública sin tener contacto conmigo», explicó el mandatario.
«No quiero que exista ninguna duda de nuestra relación», aseguró Macri, en un tono personal que caracteriza la estrategia de marketing del macrismo. «Que vos no dudes en ningún instante que yo estoy acá para ayudarte», añadió.
Para finalizar, aseguró que volverá a trabajar en su «obsesión» de estos meses que es «bajar la inflación y generar empleo», lo cual sonó a chiste de mal gusto ya que desde que asumió su gobierno, por un lado, los sindicatos denuncian que entre el ámbito estatal y privado se perdieron más de 100 mil puestos de trabajo y, por el otro, la aceleración de precios no ha dado tregua debido al combo de políticas económicas efectuadas por el macrismo, a las cuales hay que sumarle la eliminación de subsidios en los servicios básicos y el transporte público que contrajeron fuertemente el salario real de los argentinos.