En abril de 2024 el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, solicitó ser socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como parte de la política exterior impulsada por el ultradrechista, que tiene como referentes a Estados Unidos e Israel.
«Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN», indicó el ministro argentino de Defensa Luis Petri, en un mensaje en su cuenta en X.
Petri acompañó su publicación con varias fotografías -incluida la de la entrega de la carta oficial- de su encuentro con el secretario general adjunto del organismo multilateral, Mircea Geoana, en Bruselas, Bélgica, donde se encuentra la sede de la OTAN.
Durante su primer alo de gestión, el denominado «lbertario» ha planteado la necesidad de otorgarle mayor importancia a las Fuerzas Armadas y al sector militar de Argentina.
En 2024, la administración de Milei llevó a cabo la ncorporación de los aviones militares, el reacondicionamiento de los tanques medianos y el restablecimiento de buques y embarcaciones.
Para este fin, el liberal llevó a cabo millonarias inversiones para «asegurar una respuesta eficiente ante riesgos, amenazas y desafíos contemporáneos».
Al iintegrarse como socio global de la OTAN, la administración del ultraderechista busca es mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas mediante: programas de capacitación, intercambio de conocimientos y la participación en ejercicios conjuntos.
«El 25 de septiembre se llevó a cabo la primera ronda de aprobación de los miembros de la OTAN sobre el programa y la incorporación de Argentina como socio global», indicó un informe del Ministerio de Defensa de la nación trasandina, consignado por el portal Cronista.
Peligrosa hoja de ruta del gobierno de Milei
Ante este escenario, un conjunto de organizaciones sociales de América Latina alertaron sobre la peligrosa hoja de ruta trazada por el gobierno argentino hacia el militarismo.
A través de la declaración pública «No a la Militarización de Argentina», manifestaron su preocupación por la serie de medidas y acciones que está tomando la administración de Milei, las cuales advirtieron «tendrán efectos negativos para su población como para todo nuestro continente» y que, además, «atentan contra el espíritu de la Proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que el año 2014 declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz».
Sobre el hecho de que el gobierno argentino haya solicitado ser «socio global» de la OTAN, las organizaciones recordaron que esta alianza militar que ha demostrado a lo largo de su historia un curriculum de asesinatos contra pueblos hermanos.
«Las intervenciones militares de la OTAN en la ex Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Siria han violado los principios esenciales del derecho internacional. Su participación también en la guerra de Ucrania ha alimentado y prolongado una guerra que desde el comienzo se debió resolver mediante el diálogo y negociaciones de paz», plantearon en el texto.
Asimismo, criticaron el anuncio de la construcción de una “base naval conjunta” entre Argentina con el Comando Sur de los Estados Unidos, en la ciudad de Ushuaia, como la firma de un Memorándum de Entendimiento, del 7 de marzo de 2024, entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano y la Inspección General de Puertos S.E de Argentina, la cual habilita la construcción de una base militar a la vera del río Paraná.
Al respecto, plantearon que son acuerdos «que violan la soberanía argentina al operar una fuerza extranjera en territorio argentino».
«Apoyamos la campaña del NO a las bases militares extranjeras en América ni en El Caribe», enfatizaron las agrupaciones.
Militarismo en Argentina
En la declaración recordaron que en diciembre de 2024, mediante decreto el gobierno de Javier Milei dispuso que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada pueden intervenir en asuntos de seguridad interior, en el resguardo de “objetivos de valor estratégico” los que serán definidos por el mismo ejecutivo. Dicho decreto tambiénestablece que las Fuerzas Armadas no sólo deben intervenir ante ataques de otros Estados, sino también ante agresiones o amenazas de “organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones trasnacionales”.
«Estos decretos son un claro retroceso y un peligro que nuevamente las Fuerzas Armadas, bajo cualquier pretexto del gobierno, vigilen y repriman a la población civil de su propio país y vuelvan a cometer graves violaciones a los derechos humanos», advirtieron.
A todo lo anterior, señalaron que se suma que el gobierno de Milei ha vuelto a reponer los envíos de militares argentinos a entrenamiento a WHINSEC, la sucesora de la Escuela de las Américas «donde, entre otros, se entrenaron los dictadores argentinos Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Roberto Viola»
Ante la peligrosa ruta marcada por el liberal, las agrupaciones ratificaron su «solidaridad con todo el pueblo argentino, con las organizaciones sociales y de derechos humanos, con los sitios de memoria, que permanentemente son atacados, con distintas medidas, por el gobierno del presidente Javier Milei»
La declaración pública fue suscrita por las siguientes organizaciones y activistas:
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Chile
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza Convida 20
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
Comité Oscar Romero SICSAL-Chile
Comité de Solidaridad Óscar Romero de Tarragona y Reus, España
Revista El Derecho de Vivir en Paz
Unión Bicentenaria de los Pueblos, Chile
Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos – Capítulo Brasil
Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil
Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – Conpazcol
Escuela Permanente PRAIS, Chile
Corporación 3y4 Álamos, Chile
Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular de ElSalvador
Iglesias por la Paz, México
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad Oscar Arnulfo Romero – SICSAL – México
Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile
Fundación Pueblo Indio, Ecuador
Fundación Escuela de Paz Colombia
Comité Asamblea Constituyente Chile-Belgica
Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutado Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta por la Memoria Histórica de Antofagasta, Chile
Frente Comunicacional Anti Imperialista de Nuestra América
Mesa Ecuménica por la Paz – MEP – Colombia
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC –
Organization in Solidarity with the Guatemalan People. Revival. Guatemala-Norteamérica
Fundación Cultural ARTIS, Ecuador
SERPAJ-Costa Rica
SERPAJ-México
SERPAJ – Paraguay
Comité de DDHH y Écológicos de Quilpué, Chile
AfroClimaCC, República Dominicana
Alianza CONVIDA-20
Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica
Fundalatin, Idhes y la Fundación Maruxa Silva, Venezuela
Corporación Caminos Olvidados por la memoria y los DDHH de la V región, Chile
Red Latina sin fronteras, España
International Peace Bureau (IPB) / Oficina Internacional por la Paz – Alemania/Internacional
Alicia Lira Matus, presidenta de AFEP, Medalla de DDHH y democracia 2023 de la U.de Chile; María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay; Julio Yao, Presidente Honorario y Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP); Pablo Ruiz, periodista, paz y derechos humanos; Hervi Lara, Comité Oscar Romero, SICSAL-Chile; Georgina Valdovinos Navarro, Chile; Félix Madariaga – Editor http://www.elindoamericano.cl, Chile; Carmen Diniz, Brasil; María Eugenia Mosquera Riascos, Colombia; Alfonso Insuasty, grupo editorial e investigación Kavilando, Red Interuniversitaria por la paz Redipaz;Juan Alonso Reyes Caceres, Chile; Norma Elena Bregagnolo, Argentina; Manuel O Caceres, Argentina; Nidia Arrobo Rodas, Ecuador; Daniela González López, Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, México; David Barrios Rodríguez, docente universitario, México; Juan Pablo Pérez, Chile; David Barrios Martínez, México; Olivia Gómez, México; Romina Martínez Velarde, México; Gerardo de la Fuente Lora, México; Hraste Aguilar Iván, France; María Rita Rodríguez Saldaña, México; Maria de los Angeles Pensado, México; Denise Melendez Cordova, Chile; Mario Venegas, Estados Unidos; María Elena López Gallardo, SICSAL, México; José A. Amesty Rivera, Costa Rica-Venezuela; Luis Alonso Vargas Ramirez, Costa Rica; Miguel Orduña Carson, México; Verónica Espinoza Hernández, Chile; Eidy Estacio Grueso, Colombia; Teofanes Josefina Santiago Santiago, México; Ana María Arenas Romero, Costa Rica; Juana Patricia Zavala Matulic, Chile; Luis Javier Angulo Talavera, Perú; Jorge Gálvez, Presidente Unión Bicentenaria de los Pueblos, Chile; Marcos Cruz García, Chile; Viviana Gysling Caselli, Chile; Monica Laucirica, Chile; Marcela Zamora Cruz, Costa Rica; Neris Gonzalez, El Salvador; Ricard Sánchez Andrés, España; Clara Fuentes Zamorano, Chile; Pilar Trasserra Bertrán, Catalunya; Oscar Duarte D., Chile; Daniel Capuccio, Argentina; Silvia Benchimol, Argentina; Pamela Guerrero Cadegan, representante de Movimiento Pedagógico y Gremial Manuel Guerrero Ceballos de San Bernardo, Chile; Rosa Pešutić, Chile; Andrés Figueroa Cornejo, periodista.