Las imágenes fueron tomadas en la audiencia de esta semana por la fotógrafa Mechi Ferreyra. Para los que asisten al juicio por los crímenes de La Perla es notorio que los represores están felices por el nuevo gobierno en el que por primera vez una alianza de derecha llega a la Casa Rosada a través del voto. Para demostrarlo, el procesado Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas” o “Gastón”, llevó a cabo una estrategia artesanal: se sentó en el banquillo de los acusados con una foto del presidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada enmarcada en varillas de caña pintadas de blanco y se puso a coserlas con toda parsimonia a un paño de tela azul que sostuvo sobre su falda. “Parece una viejita en el asilo”, ironizaron algunos de los presentes. Aunque a nadie se le escapa la ferocidad del improvisado costurero: Vergez está acusado en este megajuicio por 448 delitos. Son 169 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 163 imposiciones de tormentos agravadas, 108 homicidios calificados, 6 imposiciones de tormentos seguidas de muerte, una tentativa de homicidio calificado y la sustracción de un menor de 10 años (el nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba, Sonia Torres).
Hace pocos días, en su alegato, la fiscal Virginia Miguel Carmona lo acusó por “ahorcar con sus propias manos” a la víctima Alicia de Cicco Moukarzel. Fue el propio represor quien le contó a la sobreviviente Graciela Geuna que la mató “porque era hermosa, tenía unos bonitos ojos pero me miraba muy feo, así que la ahorqué”.
También, entre sus crímenes más crueles –los que gozaba contar como hazañas a los llamados “muertos vivos” en La Perla– figura la matanza de la familia de Mariano Pujadas, el primer fusilamiento masivo en el Campo de La Ribera. “Nadie se animaba, así que agarré una ametralladora y los maté yo solo”, dijo. O cuando llevó colgado de un pie, atado a una cuerda a un helicóptero a Tomás Rodolfo Agüero. “Lo paseó así por toda la ciudad de Córdoba, amenazando con tirarlo”, relató en su testimonio la testigo Liliana Callizo. Vergez escribió y publicó un libro, Yo fui Vargas, donde relató sus crímenes y se jactó de ellos. Lo editó durante la década del 90, cuando se creyó impune.
Poco antes que Vergez, el represor Ernesto “Nabo” Barreiro también se sumó a la ola macrista. Cuestionó a los fiscales ya que para él “no tienen autoridad para tratar mi caso porque dependen de la procuradora (Alejandra) Gils Carbó, a quien el presidente Macri le pidió que renuncie”. El Nabo pidió ser representado por un abogado particular ya que el suyo murió a fines del año pasado; y aprovechó para acusar a algunos querellantes y hasta a los fiscales de “pertenecer a Justicia Legítima”. El juez lo escuchó atento. Hizo lugar a que designe abogado particular –derecho que ya se le había informado cuando murió el suyo a fines del año pasado, él omitió ejercer y ahora reclama–. En cuanto a la pertenencia o no a Justicia Legítima de querellantes y fiscales, el presidente del Tribunal Oral Federal N°1, Jaime Díaz Gavier, le contestó: “No me consta. Pero que yo sepa Justicia Legítima es una agrupación legal. Tanto como la Asociación de Magistrados, agrupación a la que yo pertenezco”. Barreiro entonces cerró la boca y no volvió a hablar en toda la audiencia.