Un Estado autoritario: Los puntos claves de la polémica Ley Ómnibus de Milei

Este miércoles, el presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, mejor conocida como Ley Ómnibus, que tiene como objetivo «dar un giro a la historia» de la nación suramericana.

El texto se debate en el Congreso, en sesiones extraordinarias convocadas por Milei hasta el 31 de enero. Posteriormente, habrá que esperar hasta marzo para que se continúe el debate en sesiones ordinarias.

El proyecto es la última de las tres leyes que ha presentado el gobierno de Milei y la que ha sacudido las calles de Argentina por su contenido y por los riesgos que implica a la democracia.

La primera —detalló la BBC— apunta a hacerle frente a la «emergencia económica», mientras que el segundo texto legal, presentado como un DNU, fue para derogar un conjunto de leyes, entre ellas la Ley de Tierras.

Ahora, envió al Congreso la famosa Ley Ómnibus, una norma habilitante que faculta a Milei para prescindir del resto de herramientas legales y constitucionales de contrapoder de la República Argentina.

El texto cuenta con más de 300 páginas en el que se le solicita al Congreso brindar al Presidente la facultad para declarar la «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025», refiere el medio La Marea.

El proyecto indica que Milei podrá aumentar ese periodo de manera unilateral dos años más, hasta el final de su legislatura.

Retroceso para los derechos civiles conquistados en democracia

Si esto no enciende las alarmas, la situación se agrava cuando tocan los puntos en materia de seguridad.

La ley convierte la protesta en delito con una reforma del Código Penal que castiga con penas de tres meses a dos años a quien «sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas».

«Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres (3) a seis (6) años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta», establece el artículo 194 del texto legal presentado al Congreso, y que ya ha tenido sus cuestionamientos hasta por parte del oficialismo y que está siendo rechazado de manera tajante por la oposición.

De igual forma, se agravan asimismo las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y se regula el derecho a la legítima defensa, brindando mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad.

En esta línea, el texto legal también apunta a una reforma lo que se considera una reunión o manifestación, que será, según el artículo 331, «la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente».

Este punto contó ya con el rechazo de las Abuelas de Plaza de Mayo quienes expresaron que «al protocolo de seguridad y al megadecreto inconstitucional, que oportunamente rechazamos, ahora se suma este proyecto que busca una transformación estructural del Estado concentrando todo el poder en el Ejecutivo».

Señalan que la propuesta de Milei, por otro lado, «retoma la figura de la ‘obediencia debida’ para librar de penas a quienes hubieran obrado ‘en cumplimiento de un deber’, partiendo de la base de que ‘la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor’ de la fuerza de seguridad».

En este sentido, agregan que dicho megaproyecto «pretende una transformación de todas las atribuciones del Estado –penal, tributaria, económica, educativa, cultural, social, previsional, entre otras–, y avasalla los derechos de los y las argentinas».

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Privatización a puertas abiertas con la Ley Ómnibus

Entre los artículos y capítulos de esta polémica ley, Milei abre las puertas a la privatización, tal y como lo dejó entender en su propuesta de campaña presidencial.

En concreto, Milei propone declarar “sujetas a privatización” a todas las empresas del sector público.

Se trata de cerca de 40 compañías estatales, entre ellas la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, la Casa de Moneda (donde se imprimen los billetes), la agencia de noticias Télam, la empresa de agua AYSA y Ferrocarriles Argentinos.

«se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas», refiere el texto legal, citado por diferentes medios argentinos.