Martín Sabbatella pudo ingresar por algunas horas al edificio de Suipacha al 700, Capital Federal, que aloja las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Lo hizo a partir de la resolución del juez Garbarino que dispuso el aval a una medida cautelar presentada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) contra los tres decretos presidenciales que disolvían la AFSCA, la AFTIC, desplazaban a Sabbatella de su cargo -a pesar de tener por ley mandato hasta 2017-, y modificaban sustancialmente el espíritu de la Ley 26.522.
El juez Garbarino había dispuesto «suspender provisoriamente los efectos que deriven» de los decretos que reformaban y disolvían la AFSCA, así como de «toda norma que modifique o altere» la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A su vez, esta resolución tenía efecto «devolutivo», es decir que se mantenía en vigencia mientras el tribunal superior revisaba el trámite.
El freno a los Decretos de Necesidad y Urgencia contra la Ley de Medios ya contaban con un antecedente: el juez Arias ordenó a través de una precautelar fechada a fines de diciembre que el gobierno nacional se abstuviera de realizar modificaciones en la AFSCA y en la Ley, resolución que fue ignorada por la gestión encabezada por el presidente Macri.
Hoy, cuando se conoció la decisión del Juez Garbarino, el macrismo ordenó desalojar el edificio del AFSCA y determinó sorpresivamente asueto administrativo. Después, Sabbatella y un grupo de funcionarios tuvieron que superar la barrera policial apostada en las puertas de las oficinas que les impedía el ingreso. Finalmente, pasado el mediodía, pudieron entrar al edificio.
Sin embargo, horas más tarde el contingente se tuvo que volver a retirar, cuando la Cámara Civil y Comercial Federal, integrada por Francisco De las Carreras, Graciela Medina y Guillermo Antelo, hizo lugar a la demanda del gobierno y resolvió «modificar el efecto con que fue concedida la apelación interpuesta por el Estado Nacional fijando el efecto suspensivo».
De esta manera, los decretos de Macri se encuentran nuevamente vigentes y continuarán en aplicación hasta tanto se resuelva si corresponde ratificar o no los fallos. Mientras tanto, el presidente Macri podrá seguir modificando la ley y sus organismos.