El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien ha impulsado la ola de violencia en Bolivia desde antes del 20 de octubre, exhortó a sus seguidores a no difundir las imágenes y videos que demuestran la brutal masacre de campesinos e indígenas en Sacaba-Cochabamba.
La noche de este viernes hubo 9 muertos y 115 heridos, personas que rechazaban el golpe de Estado y la instalación de un gobierno de facto mediante una marcha multitudinaria pacífica.
El objetivo que persigue el Comité Cívico de Santa Cruz es controlar lo que se publica en redes sociales, y mantener en silencio la represión y la sistemática violación de Derechos Humanos a las que están siendo víctima los indígenas, campesinos y afines al Movimiento al Socialismo (MAS).
«Amigos no van a viralizar esas fotos con los muertos y con todo lo que está pasando en el Chapare, por favor”, fue la orden precisa que giró Luis Fernando Camacho a los simpatizantes de la oposición boliviana mediante un audio se filtró en medios internacionales.
“Eso es lo que está buscando el sector del MAS (partido de Evo Morales) para publicarlo en la prensa internacional, para decir que están siendo acribillados. Les pido reciban las fotos y guárdenlas, pero si las publican en otros grupos se van a viralizar y van a publicar afuera que los están acribillando y eso es lo que quiere Evo Morales para que le digan el salvador y que vuelva a Bolivia«, es el mensaje de Camacho.
Líderes sindicales y campesinos afirman que el gobierno de facto, liderado por la “autoproclamada” presidenta encargada, Janine Áñez, pretende sembrar la matriz de opinión de que los “hermanos campesinos se mataron entre ellos”.
Gobierno de facto aprueba “decreto de la muerte”
La crisis política y social en Bolivia, desde que se consumó el golpe de Estado contra el líder indígena y obrero Evo Morales, ha acrecentado la persecución, represión y racismo contra la población que repudia estas acciones.
Ante esto, Áñez emitió un decreto en el que anula toda responsabilidad penal de policías y militares que participaron en el asesinato de la población que defiende el retorno de la democracia.
La resolución número 4.078 fue firmada el 15 de noviembre por el Gobierno interino, y autoriza a los militares a usar «todos sus medios disponibles» para controlar las manifestaciones.
El artículo tres del decreto supremo establece: «el personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal».
Mientras tanto, el artículo siguiente señala que los militares «deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos […]».
El sector campesino, los indígenas y en especial los dirigentes de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, repudiaron la mencionada resolución, que calificaron como el “decreto de la muerte”, porque a su juicio “se da carta blanca a las Fuerzas Armadas para matar a la población movilizada”.
Federaciones del Trópico y organizaciones sociales exigen renuncia de Janine Áñez
Durante un cabildo abierto realizado en la localidad de Sacaba, Bolivia, dirigentes cocaleros repudiaron el “decreto de la muerte” y debatieron las medidas que aplicarán para neutralizar las acciones violentas y evitar que se ejecuten más asesinatos por parte de las fuerzas policiales y militares contra el pueblo boliviano.
En primer lugar, exigen a la autoproclamada presidente de facto Jeanine Añez, que renuncie al cargo en un plazo de 48 horas. Asimismo, que se haga la liberación inmediata de los detenidos injustamente, entre ellos dirigentes y autoridades electas democráticamente.
Los dirigentes cocaleros solicitan a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, la aprobación de una ley que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días.
También, piden a las autoridades competentes y a la comunidad internacional intervenir para que se investiguen y sancionen, de manera inmediata, a las autoridades intelectuales y materiales de la masacre del puente Huayllani en la localidad de Sacaba.
Al momento, cientos de dirigentes delegados de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, mantienen vigilia en la localidad de Sacaba, mientras que la carretera principal que pasa por esta región entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz está totalmente paralizado entre las localidades de Colomi, Villa Tunari, hasta Bulo Bulo y Yapacaní.
Con información de Rt en español.
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