La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que combates entre grupos armados ilegales posdemovilización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas conocidos también como ‘los caparrapos’ generan los desplazamientos masivos y el incremento de homicidios.

Señalan que los habitantes del sur de Córdoba (San José de Uré), norte de Antioquia (Ituango) y Bajo Cauca (Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia) se encuentran en una situación grave.

Precisan que han ocurrido 10 desplazamientos masivos, el aumento de los índices de homicidios y  la movilidad restringida que deriva en confinamiento de la población campesina e indígena por intimidación generalizadas y la aparición de panfletos amenazantes.

Configurando un escenario de violaciones masivas de los derechos fundamentales a la libertad, la integridad personal y a la dignidad humana de estas comunidades.

Situación en cifras

Puntualizan, que desde el 18 de enero al 9 de marzo de 2018, un total de 732 familias (2.192 personas) han sido identificadas como desplazadas.

En cuanto a los homicidios, en el municipio Taraza, según datos de la Policía Nacional entre enero y febrero de 2018, se registraron 23 asesinatos. Triplicando las cifras del 2017 para el mismo período.

Indican como causas de los ajusticiamientos, la relación de las víctimas con procesos de sustitución de cultivos en esa población.

Mientras que en San José de Uré, seis asesinatos fueron reportados hasta el 15 de marzo de 2018, cuatro de las víctimas eran representantes de comunidades o líderes comunitarios.

Igualmente, son constantes las denuncias de intimidaciones a voceros indígenas en Caucasia y Cáceres, en comunidades del Pueblo Zenú y del Pueblo Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango la situación de riesgo y confinamiento no es diferente.

Acciones de Protección

Las Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas, así como las Regionales de Antioquia y Córdoba realizan seguimiento a la grave situación.

Activando misiones de acompañamiento y verificación, participando en Comités de Justicia Transicional y espacios de coordinación para la atención de la población desplazada y advertencias a través de la emisión de alertas tempranas, entre otras.

No obstante, durante el trabajo de verificación se han presentado  dificultades por la falta de recursos y la coordinación entre las Alcaldías, las Gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

Este escenario impide brindar mayor atención a los desplazamientos, prevenir las violaciones a los Derechos Humanos y  garantizar el retorno.

Calculan que la dimensión de la crisis humanitaria y de los riesgos en estas subregiones exige la presencia urgente del gobierno colombiano con políticas de apoyo a los entes territoriales, así como  acciones efectivas de prevención que se garanticen el derecho a la vida, la libertad e integridad personal a las víctimas.