La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó hoy la Recomendación General número 25 Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, ante el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a derechos humanos de quienes integran este grupo en situación de riesgo.
Señaló que las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de los derechos fundamentales tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático del país; no obstante, las agresiones que sufren van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su actividad.
En dicho documento, la CNDH dio cuenta de los agravios cometidos contra este grupo de población, así como de los robos y allanamientos contra las instalaciones de sus organizaciones, lo que aunado al incumplimiento de realizar investigaciones efectivas tiene implicaciones graves que lesionan a la sociedad y propician la repetición de este tipo de agresiones.
Se hace hincapié en que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender la sensible problemática que implican las agresiones a los defensores de derechos humanos, ya que sólo de esta manera estarán en aptitud de cumplir con su obligación de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas.
De los registros con que cuenta el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, así como de la información proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia, se advierte que los Estados de Chihuahua (9), Guerrero (6) y Oaxaca (4) ocupan los primeros lugares en homicidios de personas defensoras asesinadas entre enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.
Ante ello, el Organismo Nacional subraya que es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de estos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de todo individuo.
Esta Recomendación General está dirigida a la Procuradora General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretarios de Seguridad Pública, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de las entidades federativas, Presidentes Municipales, Jefes Delegacionales y titulares de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
Vía: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
El Ciudadano