Ayotzinapa, el crimen que el Estado ya olvidó

Foto: Anel Rangel

Este 26 de noviembre, catorce meses después, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, instalaron un plantón indefinido en la Calzada Chivatito, después de marchar hacia Los Pinos en conmemoración de los 426 días desde que sus hijos desaparecieron.

Esta acción es resultado de considerar que no hay una respuesta concreta por parte del Gobierno Federal, después de la segunda reunión de los familiares de los 43 con el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 24 de septiembre, donde los padres y madres expusieron sus exigencias al Ejecutivo Federal, entre ellas, aceptar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y no dar carpetazo al asunto. Denunciaron que el presidente insistió en la versión de la Procuraduría General de la República, donde según su evidencia, los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Una noche antes, el 23 de septiembre, previo al cumplimiento de un año sin saber de sus hijos, los padres y madres realizaron un ayuno de 43 horas frente a la Catedral Metropolitana, como protesta ante la “verdad histórica” que la PGR dio a conocer sobre los resultados de sus investigaciones.

Este ayuno se dio en el marco del reportaje del diario español El País, el 21 de septiembre, donde dio a conocer que el Ejercito tuvo pleno conocimiento en tiempo real de los acontecimientos que se estaban llevando a cabo en iguala, Guerrero. Sin embargo, los elementos adscritos a esta zona militar, el 27 batallón de infantería, recibieron la orden de no intervenir  y sólo uno de sus elementos fue enviado a capturar algunas fotografías donde los policías municipales tenían rodeados a los estudiantes.

Días antes, el 16 de septiembre, la Procuradora General, Arely Gómez, anunció que científicos y expertos de la Universidad de Innsbruck, ubicada en Austria, identificaron a partir de los restos óseos enviados por la PGR, al normalista Joshivani Guerrero de la Cruz. Sin embargo, los familiares de Joshivani negaron esta información, asegurando que, según el informe de los austriacos, esta prueba no era concluyente. Así mismo, aseveraron que fue hecho con un método de identificación diferente al recomendado por el GIEI.

Además, tenían la certeza de que la investigación de la PGR no tenía ningún sustento y era derrumbada por las conclusiones que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de septiembre, en donde se cuestiona la versión de las autoridades que aseguran que los normalistas fueron llevados al basurero de Cocula y ahí habrían sido incinerados. Según las investigaciones de la CIDH, no existe ninguna evidencia que sustente la versión de la PGR. Informaron que en el lugar, sólo se habían dado fuegos de menor dimensión y en donde no existe la evidencia “que muestre que la carga combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero.”

Del mismo modo, la CIDH denunció el 17 de agosto, las trabas que el Gobierno Federal y la Secretaria de la Defensa Nacional imponían a la Comisión para entrevistar a los militares del 27 batallón de infantería, e interpretaron este hecho como una limitación para el avance de la investigación. Denunciaron que llevaban más de 3 meses esperando una respuesta. Es preciso recordar, y rompiendo un poco la cronología, que el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, declaró el 6 de octubre que “No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron, hasta ahorita, ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué sabían los soldados? Está todo declarado, yo no voy a permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos.”

Una de las protestas más agudas fue la realizada el 7 de junio, en Tixtla, Guerrero, en el marco de las elecciones de gobernadores, diputados y alcaldes en todo el país, donde los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, los padres y madres de los 43 desaparecidos y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), impidieron las elecciones y no permitieron que se colocaran las casillas, por lo que la elección en este municipio fue suspendida.

Ante el escepticismo de los padres y madres de los 43 con las autoridades de justicia, el 21 de marzo, durante la caravana 43 que recorrió 43 ciudades de Estados Unidos, acudieron a Amnistía Internacional para solicitar la intervención de este organismo ante los claroscuros con los que la justicia mexicana había estado llevando el caso y así, hacer que la organización conociera e hiciera las recomendaciones pertinentes para el proceso de investigación.

Esta acción se suma a la llegada unos días antes a México, el 1 de marzo, de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, tras la cuestionada investigación de las autoridades, firmaron un acuerdo con el gobierno mexicano y los familiares de los 43 desaparecidos para indagar y analizar los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

Esto debido a que el 27 de enero, la Procuraduría General de la República, aún a cargo de Jesús Murillo Karam, quien fue removido de la PGR un mes después, publicara el resultado de sus indagatorias donde se resolvía que todos los normalistas habían sido detenidos por la Policía Municipal, la cual los entrego al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes los llevaron al basurero de Cocula y ahí fueron incinerados. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por los padres de los desaparecidos, así como por científicos y académicos, quien ponen en duda la cremación de 43 cuerpos con tan sólo llantas, diésel y gasolina, además un elemento muy importante salió a la luz: ese día llovió en el municipio. Acusando a esta institución de montar la escena del crimen.

Del mismo modo, los padres de los 43, pusieron en duda la identificación de los restos de Alexander Mora Venancio, el 6 de diciembre de 2014, pues aseguraron que fueron sembrados, según información del grupo de peritos argentinos que coadyuvaba a la PGR, no avalaron que estos restos hubieran sido levantados del basurero de Cocula, ya que ellos no se encontraban allí cuando sucedió esto, además de registrar varias irregularidades.

La versión de la PGR es sostenida por las detenciones que se hicieron, entre ellas las del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, que fueron ubicados el 4 de noviembre de 2014 en una colonia de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Fueron acusados de ser los autores intelectuales de los ataques contra los normalistas y fueron recluidos y sentenciados por delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio.

El mes de octubre de 2014 fue un mes crítico para la sociedad y para las autoridades. Las universidades condenaban los hechos, sus estudiantes salían a las calles a exigir respuestas, organismos y gobiernos internacionales pedían aclarar el caso. La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa era el punto de atención en la sociedad mexicana, medios de comunicación, autoridades y organizaciones que posaban la mirada en aquel municipio de un convulsionado Guerrero.

El 26 de septiembre de 2014, aproximadamente 100 normalistas salieron de su escuela a “botear” para obtener recursos y acudir a la Ciudad de México a la conmemoración de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Tras tomar varios autobuses, la policía impidió que llegaran a Chilpancingo, capital del estado, obligándolos a ir hacia la Ciudad de Iguala, donde el resto es historia.

111 detenidos, 17 heridos, 43 desaparecidos y 9 fallecidos son las cifras que dejó aquel 26 de septiembre.

Por: Salvador Valencia

El Ciudadano