El Banco Central de Venezuela (BCV) obtuvo la venia judicial para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones británico que negó al Gobierno venezolano acceso a las reservas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra.
El juez Nigel Teare aceptó que cuestiones concretas de su fallo merecen ser recurridas en la siguiente instancia judicial, reportó Sputnik.
El equipo legal del BCV argumentará directamente ante el Tribunal de Apelación la urgencia de revisar a fondo y en su globalidad la decisión del juez Teare, dictada el pasado 2 de julio.
Al respecto, el socio de la firma de abogados Zaiwalla & Co, que representa al BCV, Sarosh Zaiwalla, dijo: “Es increíblemente raro que un juez de primera instancia dé permiso para apelar contra su propio juicio, y nos complace que nos otorgaran una apelación limitada”.
«Estas cuestiones rozan la delicada línea entre la ley y la política, y hay razones imperiosas por las que la Corte de Apelación debería resolverlas», agregó Zaiwalla en una nota enviada a Sputnik.
El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro reclama al Banco de Inglaterra la devolución de los estimados 1.200 millones de euros en lingotes de oro para hacer frente a la crisis del COVID-19 con un programa que se canalizaría a través de agencias de la ONU.
El magistrado británico aceptó la tramitación de un recurso centrado en el argumento de la «doctrina de la Ley de Estado» y las repercusiones legales derivadas del reconocimiento, por parte del Gobierno del Reino Unido, del autoproclamado Juan Guaidó como el «presidente interino de Venezuela».
«Este caso marca la primera vez que el Gobierno del Reino Unido utiliza la amenaza del ‘reconocimiento’ como una herramienta política en la consecución de sus objetivos en política Exterior; en esta instancia, la destitución del presidente Maduro», apuntó Zaiwalla.
El equipo legal del BCV argumentará que el Londres «sobrepasó los límites legales» respecto al diputado venezolano y que no tiene derecho a «intervenir en los asuntos internos de un Estado extranjero».
Es de prever que la apelación se tramite con celeridad a lo largo del año dada la urgencia que la crisis del coronavirus supone para la sociedad venezolana.
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