Berta Zúñiga Cáceres: «Honduras es responsable de la muerte de mi madre»

Con el mismo nombre y el entusiasmo de mantener viva la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, Berta Zúñiga Cáceres (25 años), hija de la activista medioambiental asesinada hace poco más de dos meses, aterriza exhausta en Madrid. En la capital española puso el pasado viernes el cierre a una gira europea en la que ha recorrido cinco países para denunciar ante sus instituciones y sociedades el atropello a los derechos humanos que se vive en Honduras.

Un periplo que iba a ser realizado por su madre, como líder y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), pero que no pudo ser por su asesinato a tiros en la ciudad de La Esperanza donde residía. En su lugar recibió esta semana el Premio del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente (Ecozine), en Zaragoza, compareció ante el Parlamento Europeo y visitó la sede de la alcaldía de Madrid.

Tras su encuentro con Mauricio Valiente, tercer teniente de Alcalde de Madrid, y antes de la charla -ante una sala abarrotada- ‘Luchas y resistencias en Honduras’, en el Consejo de la Abogacía Española, recibe a EL MUNDO con el fin de recordar que no quede impune el homicidio de su «mami».

Precisamente, el pasado lunes se conocía la noticia de la detención de cuatro personas sospechosas de participar en el asesinato de Berta Cáceres. Según informaron medios locales, una de ellas era Sergio Rodríguez Orellana, un empleado de Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), la constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el que luchó la activista. «Ya sabíamos que el asesinato de mi ‘mami’ se trataba de un caso típico de sicarios, pero que la responsable era la empresa, porque siempre fue la fuente principal de amenazas a su vida», explica una de las hijas de la medioambientalista, que ayer regresó a Honduras, a pesar de las intimidaciones que sufren todos los miembros de su familia. Berta Cáceres llegó a presentar hasta 33 denuncias por amenazas, de las que era consciente el Estado de Honduras, y todas ellas vinculadas a dicha compañía. «Nunca se investigaron, responsabilizamos al Gobierno de Honduras por omisión en la investigación y por haberle brindado unas medidas cautelares totalmente ineficientes«, añade una de las herederas del legado de la líder indígena.

Para Berta Zúñiga, licenciada en Educación y miembro del equipo de apoyo del COPINH, con las detenciones queda demostrada la participación en el asesinato de miembros de la empresa a los que la activista ya había denunciado en anteriores ocasiones de manera infructuosa y que también están implicados«agentes estatales, presuntos responsables del asesinato».

Por todo ello, el principal reclamo del COPINH y todos los que buscan justicia por el asesinato de Berta Cáceres es la creación de una comisión independiente que investigue el suceso. «Por una parte, porque hemos sido excluidos [en referencia a la familia de la premio Goldman 2015] del proceso de investigación al decretarlo en secreto y excluyendo a las víctimas, cosa que no es posible bajo ningún respaldo jurídico en Honduras; pero también porque pensamos que la autoría intelectual del crimen no ha sido agotada, que los detenidos son personas que se han sacrificado, pero que hay muchas más implicadas», argumenta la joven activista hondureña.