El Gobierno de facto de Bolivia ratificó a su ministro de Defensa, Luis Fernando López, censurado por la Asamblea Nacional Plurinacional (ALP), con los dos tercios del Movimiento al Socialismo (MAS), la acción se generó luego que el funcionario no asistiera a tres interpelaciones, por la masacre de Senkata y Sacaba.
En este sentido, el medio La Razón, entrevistó a analistas quienes coincidieron que ratificar a Luís Fernando López muestra una debilidad jurídica y un evidente conflicto político.
El constitucionalista Guillermo Encinas consideró que «hay un vacío jurídico» que le abrió el paso a Áñez para volver a posesionar a López, aunque consideró que en lo político esa decisión muestra una “falta de visión política” y una “descuidada” manera de administrar el Estado.
“Legalmente lo que ha hecho la señora Presidenta es correcto, pero legítimamente no lo es. En la lectura del ciudadano, eso no le convence y no le gusta”, añadió.
El Gobierno cuestionó al Movimiento Al Socialismo (MAS) por la censura y lo acusó de intentar desestabilizar al Ejecutivo y a la «democracia». La situación se torna más compleja, cuando el Legislativo tiene en lista a otros seis ministros citados a sesiones interpelatorias.
Para el analista Franklin Pareja, la decisión de Áñez denota una clara confrontación entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo que podría ser el principio de una cadena sistemática de acciones hacia un clima de inestabilidad política.
“Ambos poderes están confrontados y ciertamente que la variable es absolutamente política, entonces, la respuesta es ratificar y nuevamente posesionar a su ministro. Es más una acción política de no mostrar debilidad pero en el fondo podría generar una acción y una reacción todavía más compleja y más turbulenta”, advirtió.
En criterio del analista Marcelo Silva, lo ocurrido fue una “atípica triquiñuela jurídica y política” debido a que Áñez cumplió con la Constitución Política del Estado al destituir a López en el cargo, pero no hay nada establecido sobre una prohibición para volverlo a nombrar.
“Desde hace mucho tiempo, desde hace 14 años y fundamentalmente en este periodo último, después de la salida de Morales, la ética es el valor escaso de la práctica política boliviana”, cuestionó Silva.
El analistas afirma que López, ahora que retornó en el cargo como ministro de Defensa, debe “dar la cara” y acudir a una futura interpelación que sea convocado por el Legislativo.
Silva añadió que el Legislativo debe asumir un rol de fiscalizador y no avasallador, mientras que el Ejecutivo debe tener la disponibilidad de responder a los eventos de fiscalización.
Fuente: La Razón
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