Un comunicado de la Cancillería boliviana señaló que, liderados por el mandatario Evo Morales, el país ejercerá el puesto con el mayor espíritu y voluntad de integración y unión de los Estados Miembros.
Durante su presidencia pro témpore, Bolivia priorizará la profundización del diálogo, la cooperación, la paz, la democracia, la participación ciudadana y el respeto de los derechos humanos, agregó el texto.
Indicó igualmente que el propósito es contribuir ‘a la construcción, de manera participativa y consensuada, de la integración plena y armoniosa de nuestra Suramérica’.
El pasado 12 de abril, en el contexto de la VIII Cumbre de las Américas, el canciller argentino, Jorge Faurie, realizó el traspaso formal de la presidencia del bloque regional a su homólogo boliviano, Fernando Huanacuni.
Huanacuni sostuvo que » Unasur se conformó desde la voluntad de los pueblos del sur, sobre la base de ideales comunes, de visiones compartidas, desde el respeto a la realidad de cada uno de los países y desde la decisión soberana que caracteriza la región».
Dijo que «existen retos y desafíos como el nombramiento del secretario General de Unasur, el establecimiento del Parlamento Suramericano, la integración física y energética, así como el avance de la ciudadanía suramericana».
A tiempo de agradecer al canciller argentino Jorge Faurie por el traspaso, manifestó «que darán continuidad a los esfuerzos desplegados para mantener la unidad de la comunidad sudamericana».
Los «principios rectores» de la Unasur son la «democracia» y el «irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los estados», los “derechos humanos”, la “paz” y la “reducción de la asimetrías”.
Otros objetivos del bloque son erradicar la pobreza y el analfabetismo, el acceso universal a los servicios de salud y seguridad social; fortalecer el diálogo político y asegurar un espacio de concertación para la integración; y una integración energética, de infraestructuras, financiera, industrial y productiva.
Asimismo, fomentar la coordinación entre los organismos especializados de los Estados para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción y el tráfico de armas; para lo cual se promoverá la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembro.
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