Ente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) anunció hoy una demanda contra el Estado por avalar la posibilidad de reelección del presidente boliviano Evo Morales y “vulnerar” los derechos de los electores, que le negaron esa posibilidad en un referéndum en 2016.
El exdefensor del pueblo Waldo Albarracín dijo a Efe que la demanda se presentará durante el día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
La demanda se fundamenta en una supuesta “violación de los derechos humanos”, señaló.
“Cuando el Estado pretende desconocer el resultado de un referéndum y dar cobertura a un fallo -del Tribunal Constitucional de Bolivia- está violando el derecho humano de más de dos millones de ciudadanos bolivianos”, alegó Albarracín, tal como recoge Opinión.
Cabe recordar que en el referéndum del 21 febrero de 2016 la mayoría escueta de los electores votaron contra una reforma constitucional que daba la posibilidad al presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García, de ser candidatos en futuros comicios. La consulta fue convocada por sectores sociales cercanos a Morales poco tiempo después de su reelección en diciembre de 2014.
Tal como hemos señalado en El Ciudadano, el Gobierno atribuyó esa derrota a una campaña de desprestigio dirigida por la oposición a la que acusó de recurrir a mentiras para dañar la credibilidad del mandatario y en la que sacó a la luz detalles de su vida privada.
El año pasado el Constitucional boliviano respondió favorablemente a una demanda presentada por el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), que pidió que se aplique un artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos por encima de la Constitución y la norma electoral de Bolivia, que impiden la reelección por más de dos periodos consecutivos.
El recurso argumentó que la Constitución boliviana y la normativa electoral impedían el derecho de Morales, que ampararía esa Convención, de ser electo y de la población a elegirlo.
Albarracín dijo que pese al dictamen del Constitucional, “el No mayoritario se constituye en un derecho” de los electores que decidieron apoyar esa opción en el referendo.
Consultado sobre los plazos que puede seguir la demanda, Albarracín dijo que la CIDH debe iniciar una investigación y elaborar un informe final cuyo resultado podría apresurarse, al considerar que hay una población entera que fue afectada.
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