Un crédito «irregular y oneroso» gestionado por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez en abril de 2020 fue devuelto por el Banco Central de Bolivia (BCB) al Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un comunicado publicado este miércoles 17 de febrero, el BCB explicó que la decisión se tomó «en defensa de la soberanía económica del país y el respeto a la Constitución Política del Estado».
En el texto, presentado en conferencia de prensa por el presidente del BCB, Edwin Rojas, designado por el nuevo Gobierno de Luis Arce, se detalló que se devolvieron 346,7 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).
El BCB dijo que la devolución del crédito fue consultada con el Ministerio de Economía, que observó también «irregularidades» en el acuerdo de crédito.
«Este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado Boliviano, que a febrero de 2021 suman 24,3 millones de dólares estadounidenses de los cuales 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses», indicaron en el comunicado.
La contratación del crédito de emergencia del FMI se hizo en marzo de 2020, y el Gobierno de Áñez lo recibió pese a que no fue autorizado por el parlamento, controlado entonces como ahora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), reseñó la agencia Sputnik.
Fue el 17 de abril de 2020 cuando el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó la solicitud del Gobierno de facto de obtener un crédito por 327 millones de dólares para ayudar al país a enfrentar «necesidades de balanza de pagos derivada» de la pandemia del COVID-19. En suma, el Estado boliviano pagó 24,3 millones de dólares extras por variación cambiaria, intereses y comisiones en sólo 9 meses de haberse desembolsado dicho instrumento, recoge la cadena RT.
De acuerdo con el análisis del BCB, el préstamo condicionó al país «a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI», que llevaron a incumplir lo estipulado en los artículos 158 y 322 de la Constitución Política Boliviana, vulnerando «la soberanía y los intereses económicos» de la nación.
Finalmente, la actual administración del BCB en el marco de sus competencias y la normativa vigente, realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y exservidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI.
Fuentes: RT, agencia Sputnik, BCB.
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