Mañana es el segundo aniversario del referendo del 21 de febrero de 2016 en Bolivia, cuando más del 51% le dijo No a la posibilidad de repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.
Si se toma en cuenta que la negativa del votante boliviano fue hecha a un lado por el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 28 de noviembre del año pasado, hubo otros dos escenarios en que ayer se movió la disputa de poder.
El primero fue el político-orgánico, tal como informa El Deber. El Movimiento Demócrata Social envió una solicitud de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garante del Pacto de San José de Costa Rica, cuyos fallos forman parte del bloque constitucional boliviano y son vinculantes para el Estado de Bolivia. Eso quiere decir, de cumplimiento obligatorio.
Según el senador Óscar Ortiz, se ha denunciado el desacato a la voluntad popular expresada en el referendo del 21-F y una posible ruptura del orden constitucional, ya que el TCP, en criterio de Demócratas, ha hecho modificaciones a la Constitución sin tener las facultades para ello.
La sentencia del TCP se basa en los derechos políticos consignados en el Pacto de San José de Costa Rica, que indica que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y ser elegido en elecciones periódicas auténticas y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a la administración pública.
También establece que este derecho puede ser restringido por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, mental o proceso penal. El TCP consideró que la restricción del artículo168 de la CPE no se enmarcaba en ninguno de estos motivos.
Sin embargo, un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, hecho público ayer, concluye lo contrario. Luego de analizar el fallo, los académicos concluyeron que el TCP desacata la voluntad popular y el poder constituyente en dos oportunidades, en los referendos de aprobación del texto constitucional de 2009 y en el del 21-F. Con ello considera que la reelección indefinida en Bolivia tiene estatus de cosa juzgada.
Medición de fuerzas
Desde el oficialismo prometen que habría 500.000 personas en la manifestación, en la que discursearán dirigentes de las organizaciones que conforman el Consejo Departamental del Cambio (Campesinos, interculturales, mujeres de la Federación Bartolina Sisa e indígenas), además de dirigentes políticos.
Por su parte, la oposición quiere armar un cartel humano hecho de luces para escribir “Bolivia dijo No”. Dalia Muñoz, una de las organizadoras de la actividad, explica que hay centenares de promociones de unos 70 colegios ya organizados y que el reto es llevar a unas 25.000 personas . Allí no habrá discursos, solo el himno nacional y el cartel humano.
Desde los sectores contrarios a Evo Morales se asegura que en más de 100 ciudades habrá movilizaciones y actos en contra de su repostulación, mientras que la policía boliviana señaló que no permitirá cortes de rutas.