La Cancillería de Bolivia anunció presentará un reclamo a los gobiernos de España y Chile por la “intromisión” de dos de sus legisladores que llegaron a ese país y se manifestaron a favor de la liberación del gobernador de oposición Luis Fernando Camacho, detenido por una acusación de terrorismo relacionada con el golpe de Estado contra Evo Morles en 2019.
La Policía detuvo a Camacho el pasado miércoles y un juez le dictó cuatro meses de prisión para Camacho en un penal de máxima seguridad a 35 kilómetros de La Paz.
En una rueda de prensa, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, mencionó que el legislador español de Vox Víctor González y el parlamentario chileno del Partido Republicano Luis Fernando Sánchez, ambos de extrema derecha, cometieron un “claro acto de intromisión que es inaceptable”.
González y Sánchez se presentaron en el Comando Departamental de Santa Cruz, la mayor región boliviana, para entrevistarse con el jefe de esa repartición policial.
Gonzáles expresó a los medios su preocupación por lo que consideró las “sistemáticas violaciones a los derechos humanos” en Bolivia y la privación de libertad de Camacho, por lo que adelantó que ya existe una iniciativa parlamentaria en su país para que el Gobierno español exija su liberación.
Por su parte, Sánchez mencionó la necesidad de que los organismos internacionales se presenten “en terreno” para “constatar que la función policial en Bolivia se desarrolle siempre en un marco de respeto a los derechos fundamentales”.
Al respecto, el viceministro Blanco manifestó que ambos diputados “no representan a su respectivo gobierno” por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia hará “un reclamo formal” a Chile y España” a través de los “canales diplomáticos correspondientes”.
Blanco también se refirió a que “no es la primera vez” que el legislador español González está en Bolivia para cometer “intromisiones” y citó su llegada al país en 2019, cuando Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta de Bolivia.
La exfuncionaria está detenida en el penitenciario de La Paz desde marzo de 2021, acusada primero por terrorismo, sedición y conspiración por el caso Golpe de Estado I, por lo que se ordenó cuatro meses de internamiento preventivo que posteriormente fueron ampliados a seis.
Sobre el proceso nombrado Golpe de Estado II, se investiga a Áñez por acciones desarrolladas cuando fungía como vicepresidenta de la Cámara Alta, las cuales hicieron que pudiera acceder a la presidencia en 2019 de forma irregular.
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