Ante la presión nacional e internacional, el Gobierno de facto de Bolivia anuló un polémico decreto que ampliaba las restricciones a la libertad de expresión en el marco de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
La ministra de Comunicación del Gobierno de facto en Bolivia, María Isabel Fernández, informó la derogación de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4.231, y anteriores disposiciones que fueron duramente criticadas y cuestionadas por «criminalizar la libertad de expresión».
El Ejecutivo que asumió el poder mediante el golpe de Estado perpetrado contra el expresidente, Evo Morales, dejó sin efecto artículos de los Decretos Supremos 4.231, 4.200 y 4.199 que resultaron aprobados en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus y que, al mismo tiempo, vulneraban el derecho a la libertad de prensa.
La autoproclamada «presidenta interina» Jeanine Áñez emitió un decreto el pasado 20 de marzo que penalizaba la “difusión de información que ponga en riesgo o afecte a la salud pública».
Posteriormente, el 7 de mayo aplicó una enmienda a esa norma que amplió la sanción penal “a personas que inciten el incumplimiento de la cuarentena o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa y/o artística que afecte a la salud pública«.
“La libertad de expresión está garantizada, pero el gobierno es víctima de una campaña política que llama a la desobediencia civil a la cuarentena”, justificó el viceministro de Gobierno, Wilson Santa María. Mientras que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó que la norma no penalizaría el trabajo de los periodistas, y que el decreto era «sólo por la pandemia”.
Sin embargo, medios de comunicación y varias organizaciones independientes criticaron el decreto.
La misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) calificó de excesiva la medida, mientras que el relator de ONU dijo que la penalización de la desinformación es desproporcionada y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, enunció que comparte plenamente el análisis de la Oacnudh en Bolivia sobre los problemas que presenta el decreto del Ejecutivo de Bolivia.
Por su parte, los sindicatos de la prensa de Bolivia exigieron la derogación del decreto y anunciaron un «estado de emergencia» entre sus afiliados.
Desde Argentina, donde está refugiado tras su renuncia forzada el pasado noviembre, el expresidente Evo Morales acusó a Áñez de “violar los derechos humanos ampliando las restricciones y sanciones contra la libertad de expresión».
La decisión del gobierno boliviano fue tomada en una reunión del equipo de ministros de Áñez, a reaíz del pedido de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que la norma fuese modificada porque resultaba «excesiva».
«A solicitud de organizaciones de DDHH y medios de comunicación, hemos derogado los artículos de decretos que creaba susceptibilidad sobre libertad de prensa«, escribió en Twitter el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
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