La Defensoría del Pueblo de Bolivia dijo este viernes que aún espera respuesta de la presidenta Jeanine Áñez a su pedido de un indulto extraordinario para reducir el hacinamiento en las cárceles y prevenir un contagio masivo de covid-19, la enfermedad respiratoria provocada por el nuevo coronavirus.
«El pedido tiene su base en la crítica realidad del sistema penitenciario en el país, cuyo mayor problema es el alto índice de hacinamiento, lo que en la actual coyuntura hace imposible ejercer un efectivo control sanitario para evitar el contagio y propagación del covid-19», señaló la Defensoría en un comunicado.
Señaló que la defensora Nadia Cruz envió el martes pasado su solicitud a la presidenta transitoria Áñez, junto con una nota al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en la que planteó además la declaración de emergencia penitenciaria.
El Gobierno no se ha pronunciado sobre esta solicitud y los ministerios de la Presidencia y de Gobierno no han respondido a consultas de esta agencia sobre el asunto.
La solicitud de la oficina estatal defensora de derechos humanos fue revelada mientras la ola de contagio con covid-19 seguía avanzando lentamente pero sin pausa en Bolivia, con 132 enfermos, de ellos nueve fallecidos, registrados hasta el jueves.
Cruz advirtió en su carta a Áñez que las cárceles bolivianas tenían en enero pasado unos 19.000 presos, casi el doble de su capacidad, y que dos tercios de eran ciudadanos detenidos sin condena, en espera de juicio.
«En las cárceles urbanas, las celdas individuales en su mayoría miden tres por dos metros donde cohabitan hasta cuatro personas, y en celdas comunes se albergan hasta 40 personas», describió la Defensora del Pueblo.
Según Cruz, los problemas crónicos de hacinamiento y falta de servicios básicos en la mayoría de las cárceles bolivianas generaban condiciones favorables a la rápida expansión de eventuales brotes de coronavirus.
El indulto, planteó la Defensora, debería beneficiar a adultos mayores, enfermos, mujeres embarazadas o en etapa de lactancia y detenidos preventivos, incluidos presos políticos.
El comunicado de la Defensoría reveló que en las cárceles bolivianas hay más de 700 adultos mayores, al menos 300 enfermos de sida, más de 2.000 enfermos de diabetes y unas 13.000 personas con infecciones agudas diversas, que no reciben adecuada atención.
Además, en cárceles rurales se presentan problemas de alimentación, que solía ser provista en parte por familiares de los reclusos, quienes ahora no pueden movilizarse a causa de la cuarentena contra el coronavirus, añadió.
Fuente: Sputnik
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