Seis meses en el poder y cada semana que pasa el presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, genera polémica. Esta vez le dio por cuestionar la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de penalizar la homofobia.
El máximo ente judicial brasileño tipificó la homofobia como delito, lo que en opinión de los expertos deja abierta la puerta para que el Congreso ―de mayoría conservadora y bajo fuerte influencia de iglesias evangélicas― apruebe a futuro una ley específica para ello, y tenga el mismo tratamiento penal que el racismo, con penas de hasta cinco años de prisión.
La decisión del STF se produjo este jueves con el respaldo de ocho de los 11 jueces que lo integran. Sin embargo, para el mandatario ultraderechista, un “homófobo orgulloso”, el tribunal sobrepasó sus funciones y cometió un «completo equívoco» al pisar terreno legislativo.
La medida fue esperada desde que se llevaron a cabo las deliberaciones el mes pasado, pero en opinión de Bolsonaro, podría perjudicar a los propios homosexuales.
En sus declaraciones a la prensa, ha dicho que tras la decisión del STF un empleador «se lo va a pensar dos veces» antes de contratar a un gay, esto por temor de ser acusado de homofobia.
La sentencia fue dictada en la sexta sesión que el Supremo ha dedicado al caso desde finales de 2018, y era esperada por los colectivos LGBTI.
Los activistas del movimiento de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero (LGBT) consideraron la decisión “histórica” para un país en el que al menos una persona es asesinada cada día por su orientación sexual.
La ONG Grupo Gay da Bahía (GGB), que recoge estadísticas nacionales desde hace cuatro décadas, informa que en el 2017 hubo 387 asesinatos y 58 suicidios por «homotransfobia», un 30 % más que en el 2016. La media es una muerte cada 19 horas.
Represalias
A manera de represalia, Bolsonaro no ocultó la intensión de nombrar a un juez evangélico en el máximo tribunal.
Si en la corte hubiese un ministro evangélico, hubiese «pedido analizar” la decisión, dejando la votación en suspenso.
A finales de mayo, el ultraderechista asomó la posibilidad de nombrar un evangélico en el STF, que, de acuerdo con él, debe tener dos cargos vacantes por jubilación antes del fin de su mandato en el 2022.
«Tiene que haber un equilibrio ahí (en el tribunal). Eso no es mezclar política con religión», sostuvo, según citas del portal G1.
La posición del presidente brasileño con el tema gay es más que controversial, pues en su momento dijo que si tuviera un hijo gay preferiría que muriese en un accidente.
Dentro de sus reacciones estaría eliminar las responsabilidades LGBT del Ministerio de Derechos Humanos y hasta declarar que Brasil no debe convertirse en un “paraíso para el turismo gay”.
Un debate esperado
Si bien la justicia brasileña legalizó los matrimonios homosexuales en 2013, los diversos proyectos de ley presentados hasta el momento han quedado bloqueados por las presiones de los sectores más conservadores de la sociedad, donde destacan tanto la Iglesia católica como el movimiento popular evangélico cristiano, que son muy críticos con los derechos de los homosexuales.
La tarea del Congreso brasileño es formular una ley específica para castigar la homofobia como un acto de discriminación.
La máxima corte del país considera que el poder legislativo fue omiso al no aprobar hasta ahora una ley que permita castigar este tipo de conducta en la sociedad brasileña.
Los tres jueces que votaron en contra de la medida consideran que la criminalización de la homofobia compete al Congreso y no al STF, pues “solamente el Parlamento puede aprobar (la definición de) delitos y penas; sólo el Parlamento puede legislar sobre conducta penal».
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