La decisión de la justicia de la nación sudamericana establece también una multa de 5.000 reales (911 dólares) por cada día de incumplimiento
Agencia Sputnik.- La justicia brasileña dio al presidente Jair Bolsonaro un plazo de 48 horas para que muestre el resultado de los exámenes a los que se sometió para detectar si tenía COVID-19 y que él dice que dieron negativo.
La jueza federal Ana Lúcia Petri Betto, de Sao Paulo (sureste del país), dio al Estado un plazo de «48 horas» para que «entregue todos los laudos de todos los exámenes a los que fue sometido el excelentísimo presidente de la República», según consta en su decisión, publicada el viernes 1 y citada por el portal de noticias G1.
La orden, que incluye una multa de 5.000 reales (911 dólares) por cada día de incumplimiento, es una respuesta a la petición del diario Estado de Sao Paulo, que solicitó acceder a los resultados de los test de Bolsonaro.
En un primer momento, la Abogacía General de la Unión, que representa al Gobierno, entregó a la jueza un informe médico del 18 de marzo en el que se decía que el estado de salud de Bolsonaro estaba siendo vigilado, pero no entregó los exámenes del COVID-19.
El presidente dijo el mismo jueves en una entrevista a la Radio Gaúcha que «quizá» se contagió del virus y ni siquiera lo notó; en otra entrevista, unas semanas atrás, había dicho que su palabra valía «más que cualquier papel».
Hasta el momento, el presidente siempre negó haber contraído la enfermedad, a pesar de que en marzo realizó un viaje a EE. UU. en el que se contagiaron más de 20 miembros de su comitiva, incluyendo varios ministros.
Desde entonces, existen dudas sobre si realmente el mandatario ha estado todo este tiempo libre de la enfermedad.
Hay además un sentimiento de alerta, ya que en sus numerosas apariciones públicas ha estado en contacto con cientos de personas, incluyendo simpatizantes en la calle.
En paralelo, la oposición también presentó una petición en la Cámara de los Diputados para que el presidente muestre el resultado de los exámenes con un plazo que vence a mediados de mayo.
Si finalmente se desvela que contrajo el COVID-19, podría ser acusado de dos delitos de responsabilidad, la base necesaria para abrir un proceso de «impeachment» (juicio político): mentir a la nación y atentar contra la salud pública.
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