La Justicia brasileña abrió este martes el quinto proceso contra el expresidente Lula da Silva, acusado de montar una red de corrupción que distribuyó dinero y cargos a partidos aliados.
El juez Sergio Moro, aceptó la denuncia contra Lula, su esposa Marisa Leticia Rocco y el exministro de Hacienda, Antonio Palocci, presentada la semana pasada por la Procuraduría General de la República.
El magistrado Moro es el responsable de la causa “Lava Jato” y se encuentra a cargo de los cuatro procesos abiertos contra el exmandatario brasileño. La nueva acusación se basa en la presunta cesión de un terreno por parte de la empresa de ingeniería Odebrecht a Lula da Silva para la construcción del Instituto Lula y de un apartamento en San Bernardo del Campo, Sao Paulo.
Según TeleSUR, los abogados del expresidente de Brasil denunciaron que »el ansia desmesurada y creciente» que se observa entre agentes del Estado, obsesionados con probar las acusaciones lanzadas contra este.
La defensores de Lula da Silva han denunciado reiteradamente la utilización de técnicas del llamado lawfare (persecución judicial con el propósito de eliminar enemigos políticos) por parte de Moro, los fiscales de Lava Jato y el Ministerio Público Federal.
En julio pasado la defensa interpuso una queja sobre la parcial y abusiva actuación del juez federal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aceptó la denuncia e instó al gobierno de Brasil a pronunciarse al respecto.
Sectores y movimientos sociales han señalado que la persecución judicial contra Lula da Silva es para impedir que se presente como candidato a la presidencia de Brasil para las elecciones del 2018.
Cunha ingresa a la cárcel de Pinahis
El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, acusado de corrupción, fue trasladado este lunes de la sede de la Policía Federal de Curitiba a la cárcel de Pinahis.
Sérgio Moro anunció su traslado y explicó que la sede de la policía tiene un espacio limitado y, además, que la estadía del exdiputado era provisional.
Eduardo Cunha, el principal propulso del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, es acusado de blanqueo de dinero en la trama de corrupción de Petrobras, así como de esconder dinero en cuentas secretas en Suiza.
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