Brasil: refuerzan la estrategia de la defensa de Lula para evitar la prisión

La posibilidad de que su candidatura presidencial encalle definitivamente en la Justicia electoral es motivo de desvelo para Luiz Inácio Lula da Silva después del fallo del Tribunal Regional Federal.

Cabe recordar, tal como informamos en El Ciudadano, que dicha instancia judicial la semana pasada confirmó su culpabilidad por corrupción pasiva y lavado de dinero y elevó la pena de prisión a 12 años y un mes de cárcel. Ese trámite, apelaciones mediante, puede resultar relativamente extenso. En cambio, otro, más apremiante porque podría llevarlo a prisión, no lo será.

De acuerdo con la jurisprudencia en vigor, es posible hacer efectivas las penas de privación de la libertad tras fallo de segunda instancia, sin que , llamativamente, exista cosa juzgada, destaca Ámbito.

Dado que el fallo del TRF4 de Porto Alegre fue unánime, el único recurso que le cabe dentro de esa instancia de apelación es solamente el de un “embargo de declaración”, de alcances meramente aclaratorios y que no llevará a una revisión de la sentencia en sí.

Dados los plazos previstos para la publicación de ese fallo de cámara, las 48 horas posteriores que tiene la defensa para presentar dicho embargo, la feria judicial y los tiempos para agotar las aclaraciones, Lula podría ser detenido dentro de 40 días a dos meses.

Así las cosas, la Policía Federal ya proyecta cómo realizar ese operativo, de modo que sea discreto, eficaz y no naufrague en medio de una ola nacional de protestas o, incluso, de hechos de violencia.

“Un acto así podría incendiar el país”, se alarmó la semana pasada el juez supremo Marco Aurélio Mello. Brasil se asoma a otro momento de conmoción nacional, tal vez el más grave de los numerosos que vimos en los últimos años.

La estrategia de la defensa de Lula

Sin embargo, una presentación ante el Supremo Tribunal Federal, pautada con anterioridad y ajena al caso de Lula, podría, curiosamente, modificar el curso de los acontecimientos-

“Soy uno de los impulsores de la Acción Directa de Constitucionalidad, la ADC 44, contra la decisión del STF que decidió a favor de la posibilidad de que se hagan efectivas las penas de prisión antes de lo que en la jerga jurídica se conoce como ‘transición en juzgado’, que no es otra cosa que el final de un proceso criminal. Aquel resultado fue, ante la presentación de una cautelar, de 6 a 5 a favor del mantenimiento de la decisión de anticipar la prisión. Pero en febrero o en marzo podría conocerse la sentencia definitiva. Yo mismo haré la sustentación oral ante el STF”, le dijo a Ámbito Financiero el jurista brasileño Lenio Luiz Streck, de viaje en Grecia. El “timing” es perfecto para Lula.

Streck no es un abogado, sino que se trata de un jurista de prestigio en Brasil. Fue procurador del estado Rio Grande do Sul entre 1986 y 2014 y, en el plano académico, se ha especializado en Filosofía del Derecho e interpretación jurídica. “Soy un constitucionalista de línea ortodoxa. Un conservador de la Constitución”, se define.

El jurista es, además, un columnista activo y profesor universitario que se declara alarmado por las contorsiones argumentales una nueva camada de jueces y fiscales que, considera, tuercen la Constitución y las garantías individuales consagradas en ella como atajo para, supuestamente, probar delitos de corrupción y encarcelar a sus responsables.

“Me pregunto qué es lo que va a ocurrir con el Derecho brasileño después de todo esto. Si la moral y las subjetividades valen más que el Derecho, ¿qué van a terminar enseñando los profesores a sus alumnos?”, se preguntó en uno de sus textos recientes.

Ante la pregunta de si el recurso que defenderá ante el Supremo puede beneficiar a Lula y evitarle el ingreso en prisión, Streck responde que sí, aunque aclara: “No soy abogado de Lula”.

“Si es juzgada de modo favorable, esta acción puede cambiar el destino no solo de Lula sino de miles de personas. Hoy hay más de trescientas mil personas encarceladas preventivamente en Brasil, que no están condenadas. Una decisión favorable a la ADC 44 podría beneficiar a mucha gente, principalmente a los más pobres”, explicó.

En rigor, continúa, “cuando presentamos la ADC 44, el caso de Lula no estaba ni siquiera en consideración. Luchamos por la libertad y por el respeto a la Constitución”.

No se trata de una quijotada individual sino una iniciativa de un grupo de juristas encargados por la prestigiosa Orden de Abogados de Brasil (OAB). “Yo fui designado junto a otros tres abogados para hacer la ADC 44”, explicó Streck.

Los mencionados tienen la expectativa de que, en base a sus antecedentes, dos ministros del alto tribunal, Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, cambien su posición. Con uno solo de esos votos, aquel 6 a 5 quedaría revertido y el destino de Lula da Silva (y de otros trescientos mil brasileños, como recuerda Streck) cambiaría radicalmente.

Lo que está en juego es, nada menos, el principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 5°, inciso LVII de la Constitución, según el cual “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria”.