La posibilidad de que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tenga que enfrentarse a un juicio político por presuntas irregularidades fiscales se aleja cada vez más.
Según el senador brasileño Acir Gurgacz, encargado de analizar las cuentas públicas del Gobierno de la presidenta en 2014, las cuentas de Rousseff no presentan ninguna irregularidad y es por eso que anunció que recomendará su aprobación.
Gurgacz afirmó que los argumentos del Tribunal de Cuentas del Estado (TCU) «no son relevantes lo suficiente como para reprobar los balances de 2014”. Los mismos argumentos que utilizó la oposición para justificar la puesta en marcha de un juicio político que terminara con la destitución de la presidenta.
Tanto el TCU como la oposición sostienen que el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos destinados a seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras. Este hecho, supuestamente provocó que los bancos tuvieran que cubrir las partidas con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 10 mil millones de dólares.
La comisión de Presupuesto será la encargada de rechazar o aprobar la opinión del senador Gurgacz antes del 6 de marzo próximo.
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