Cada vez más las políticas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, causan mayor controversia dentro y fuera de las fronteras de la nación sudamericana. La última medida del ultaderechista es promover un marco jurídico para otorgar carta blanca a los abusos policiales frente a las manifestaciones populares.
Bolsonaro anunció que envió al Congreso un proyecto de ley para impedir la apertura de juicios por “gatillo fácil” o violencia de Estado contra militares y policías que estén actuando en operaciones de intervención federal para «la garantía de la ley y el orden».
La declaración la realizó el pasado jueves, durante el lanzamiento de su nuevo partido, Alianza por Brasil, el cual preside, tras abandonar luego de dos años el Partido Social Liberal, con el que resultó electo.
Bolsonaro indicó que la normativa integra una serie de cuatro legislaciones en materia de seguridad que intentará implementar en el país.
«Será un cambio importante en la lucha contra la violencia en Brasil. Tenemos una manera de reducir realmente la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes en el país«, puntualizó el Mandatario sobre este proyecto, que fue una de sus promesas durante la campaña.
Asimismo, argumentó que «no sirve de nada que una persona se encuentre bien, si está preocupada por la seguridad de los miembros de su familia, quienes se enfrentan al riesgo de ser asesinados por un ladrón de celulares».
«El que roba un celular tiene que ser castigado. Y cuando hablo en castigo, fue protocolado hace pocos minutos en la Cámara de Diputados un proyecto nuestro, el primero de cuatro, que habla de la exclusión de ilicitud para las personas que están en el artículo 144 de la Constitución: Fuerzas Armadas, Policía Federal, Policía de Carreteras Federal, Policía Civil y Policía Militarizada», explicó.
El proyecto de ley, respaldado por su flamante ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, plantea que las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea, las distintas policías federales, la policía militarizadas, la policía civil y los bomberos militares no responderán por crímenes que puedan cometer mientras actúan dentro de la Garantía de Ley y Orden (GLO).
Las operaciones de GLO se realizan exclusivamente por orden de la Presidencia y son autorizadas cuando hay casos de agotamiento de las fuerzas de seguridad pública tradicionales ante escaladas de violencia o crisis de seguridad que se producen durante un periodo determinado de tiempo.
Según la Constitución brasileña, a través del GLO se le otorga provisionalmente a las Fuerzas Armadas, por un tiempo y lugar específicos, el poder que le correspondería a la Policía local.
Este tipo de medidas se ha aplicado en estados como Roraima, Amazonas o Río de Janeiro, este último considerado uno de los distritos más violentos del país y con graves denuncias de distintas organizaciones sociales sobre el abuso de los efectivos sobre la población.
El nuevo marco legal propuesto por Bolsonaro considera “legítima defensa” cuando un militar o agente de seguridad rechazan una agresión capaz de herir o matar, restringir la libertad de una víctima y portar ostensiblemente armas de fuego o un acto de terrorismo.
Asimismo, plantea el término legal «excluyente de ilicitud», que reúne las condiciones para que un agente del orden no pueda ser castigado.
El Gobierno de Bolsonaro ha intentado desde hace tiempo ampliar esos parámetros, a pesar de las críticas de quienes alertan que la medida es una carta blanca para que la policía dispare a matar sin asumir consecuencias penales.
El Mandatario ultraderechista intentó aprobar una medida similar con el «paquete anticrimen» que presentó hace pocos meses el ministro Sérgio Moro.
Esta iniciativa fue objeto de un intenso debate en el Congreso, pero como consecuencia de la muerte de Ágatha Félix, una niña de 8 años, ocurrida en septiembre en una favela de Río de Janeiro por una bala perdida disparada por un policía militar, se evaluó esta polémica medida y terminó por eliminarse del borrador del proyecto.
Represión contra las manifestaciones populares
El excandidato presidencial y representante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, denunció que Bolsonaro pretender aplicar el proyecto de ley para blindar jurídicamente a los militares y así poder amenazar a la oposición, adoptando “tácticas más sanguinarias” que las usadas en Chile contra manifestaciones populares.
“Yo no excluyo que Bolsonaro pueda adoptar tácticas más sanguinarias que las que se ha demostrado el gobierno de (Sebastián) Piñera en Chile frente a las manifestaciones”, dijo Haddad a la agencia Télam, durante el Séptimo Congreso del PT que se realizó en Sao Paulo.
Haddad indicó que el decreto que inhibe a la justicia de sancionar a militares y policías en intervenciones federales del gobierno también se asemeja a una de las acciones que tomó la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, quien emitió un decreto para blindar a policías y militares de acusaciones por excesos en la represión de las protestas.
“Debemos tener en claro -continuó Haddad, ex ministro de Educación de Lula y exintendente de Sao Paulo- que Bolsonaro no conduce un gobierno democrático, nunca escondió sus verdaderas intenciones. Ahor,a con este proyecto de ley se prepara para cohibir a la oposición, amenazar a quienes protesten”.
Muertes por violencia policial
El marco legal enviado por Bolsonaro al Congreso causa alarma en la sociedad brasileña, debido a la creciente violencia y abusos perpetrados por las fuerzas policiales.
Según cifras oficiales, la violencia policial creció 18 % en Brasil en 2018. El accionar de los efectivos dentro de los 27 estados dejó 6.160 personas fallecidas, una cifra récord, de acuerdo con un informe basado en datos del Forum Brasileño de Seguridad Pública y el Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo.
Mientras que Monitor de la Violencia reveló que en 2018 se registró un promedio de tres personas fallecidas a manos de la policía por cada 100 mil habitantes, en comparación con los 2,5 muertos por cada 100 mil, computados en 2017.
Abusos en Río de Janeiro
El estado donde se observó el mayor crecimiento de letalidad policial fue Río de Janeiro, con 8,9 muertes por cada 100 mil habitantes.
Si bien, Río es el tercer estado más poblado con 17 millones de habitantes, su record de muertes a manos de policías es el primero en números absolutos.
En esta entidad, las fuerzas policiales mataron a 1.534 personas en 2018, mientras que en Sao Paulo, con 45 millones de habitantes, hubo 851 personas fallecidas, y en Minas Gerais, con 21 millones, se registraron 151 víctimas.
La letalidad de la policía coincidió con la ocupación de las Fuerzas Armadas en Río, decretada por el entonces presidente de facto, Michel Temer, la cual se extendió desde febrero al 31 de diciembre.
«Un policía que no mata, no es policía»
La situación en Río empeoró en octubre de 2018, cuando Willson Witwel, un exjuez e infante de marina conservador de 51 años, fue elegido gobernador de ese estado.
Una de sus promesas electorales fue que tomaría medidas más fuertes contra el hampa y advirtió que de ser necesario las mismas autoridades «cavarían tumbas» para enterrar a los criminales.
Días después de ser electo, el dirigente prometió «masacrar» a quien fuera atrapado con un rifle. «La policía hará lo correcto», le dijo a un periódico. «¡Apunten a sus cabecitas y disparen! Así no habrá ningún error».
Witzel es uno de los principales aliado de Bolsonaro, y ambos están de acuerdo en muchas cosas, incluyendo la propuesta de que los oficiales no enfrenten cargos si matan de servicio.
«Un policía que no mata, no es policía», afirmó en una ocasión el polémico presidente.
Bajo el mandato de Witzel, las redadas policiales en el área metropolitana de Río aumentaron 42 % entre marzo y junio, según un estudio de la Rede de Observatórios de Segurança, un grupo nacional de investigadores.
Durante el primer semestre de 2019, las operaciones policiales en esta entidad dejaron un saldo de 1.075 muertes, un promedio de cinco por día; el número más alto desde que se comenzaron a publicar cifras oficiales hace 20 años.
La mayoría de los asesinados son hombres jóvenes y negros de las clases más humildes. Aunque muchos de los muertos son presuntos delincuentes, entre las víctimas también se encuentra un gran número de transeúntes desarmados.
«Tanto el gobierno estatal como el federal están fomentando abiertamente el asesinato de personas», advirtió el doctor Ignacio Cano, profesor de sociología en la Universidad Estatal de Río (UERJ) y uno de los principales expertos sobre la violencia en Brasil.
«En el pasado el incentivo era un poco más sutil y disimulado. Hoy se ha convertido en la política oficial», señaló, citado por BBC Mundo.
Lo cierto del asunto es que según las estadísticas del Instituto de Seguridad Pública del estado, entre enero y julio, la policía fue responsable por casi un tercio de las muertes violentas en Río, es decir, de cualquier muerte no accidental ni natural.
Un marco legal “excluyente de ilicitud” y favorable a la impunidad fue una de las garantías judiciales que las Fuerzas Armadas le pidieron a Bolsonaro para seguir con la intervención en Río autorizada por Temer.
Aunque, inicialmente, el Mandatario se negó a continuar la intervención federal militar, a raíz de las causas judiciales por casos de violencia policial y abuso de poder, podría cambiar de opinión, creando un clima de terror en este estado.
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