La expresidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) criticó la actuación de los jueces que evitaron la puesta en libertad del también exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), comparando su papel con el de los caballeros de las cruzadas.
«Algunos jueces pasaron a actuar como cruzados en guerra contra quienes eligieron como enemigos«, criticó la exmandataria en un comunicado, en el que añade: «No juzgan, persiguen; no deliberan, militan; no sentencian, intentan destruir; se mueven por ideología, activismo político y afirmación de poder».
Rousseff se manifestó en estos términos un día después del rifirrafe judicial por la libertad de Lula. Este domingo, un juez del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), Rogério Favreto, ordenó su puesta en libertad de forma inmediata; pero fue censurado por un colega y por el presidente de la Corte Suprema, que zanjó el tema bloqueando la decisión.
Lo más significativo y lo más criticable, según Rousseff, es que el juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, que actúa en la primera instancia, dijera que la orden no tenía fundamento y no debía cumplirse. En ese momento, Moro estaba de vacaciones y además está subordinado al TRF-4, que es un juzgado de segunda instancia.
«La intervención de un juez de primera instancia, presionando a la policía para que no cumpliera la decisión de un juez de un tribunal superior, revela la falta de respeto al orden jurídico. Se rompió la jerarquía gravemente, más que eso, fue un acto deliberado de obstrucción a la Justicia», consideró Rousseff.
Para la líder del Partido de los Trabajadores (PT), que un juez presione para que no se cumpla una medida judicial es algo que descalifica a la Justicia y amenaza a todos los brasileños.
«Si este tipo de ilegalidad y de abuso se comete contra un expresidente, entonces ¿qué pueden esperar de la justicia para el resto de los ciudadanos?», exclamó Rousseff, quien considera que el Poder Judicial acabó contagiándose del odio que domina Brasil.
Lula, acusado de delitos de corrupción y blanqueo de dinero, aunque sin pruebas fehacientes, cumple de forma provisional una condena de 12 años y un mes de cárcel en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (sur) desde el pasado 7 de abril.
Pese a ello, continúa siendo el candidato del PT para las elecciones generales que Brasil celebrará en octubre y es el favorito en todas las encuestas.
Sin embargo, es poco probable que pueda presentarse, ya que la legislación brasileña prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia, pero su partido y sus abogados aseguran que lo respaldarán hasta el final, dado que consideran que es inocente y que está siendo perseguido para que no vuelva al poder.