El ministro de la Seguridad Pública del Gobierno de Brasil, Raul Jungmann, definió este lunes que la Policía Federal pase a ocuparse de las investigaciones sobre el asesinato de la concejala Marielle Franco, que hasta ahora están bajo la responsabilidad de la Policía Civil de Río de Janeiro.
Por el momento, las investigaciones apenas han producido resultados. Por ello, el Ministro propone traspasar el caso a la Policía Federal, de ámbito nacional y controlada por el Gobierno central.
La Policía Civil no ha dado resultados
«Pasados 150 días (del asesinato) entendemos que tenemos la obligación de poner a la Policía Federal a disposición, ya sea del Ministerio Público o del área de seguridad del estado (de Río de Janeiro), para ayudar de forma afectiva a asumir la investigación», explicó el Ministro en una rueda de prensa, según recoge la estatal Agência Brasil.
El Ministro aseguró que está todo listo para que haya un eventual traspaso (incluso se ha pensado en qué comisarios se encargarían), pero subrayó que no habrá injerencias y que esto sólo sucederá si lo solicitan las autoridades de Río de Janeiro.
Jungmann precisó que no se trata de descalificar a los profesionales de la Policía Civil, sino de reconocer la complejidad de la investigación, remarcando que la Policía Federal «es una de las mejores policías de investigación del mundo» y tiene tanto medios humanos como tecnológicos suficientes para resolver el caso.
Políticos de derecha están siendo investigados
Jungmann no citó nombres, pero confirmó que hay políticos que están siendo investigados por su supuesta relación con el crimen. La semana pasada, la revista Veja avanzó que tres diputados del oficialista Movimiento Democrático de Brasil (MDB) podrían estar tras el asesinato de la concejala, información que por el momento no ha sido desmentida por las fuentes oficiales.
Franco fue ejecutada de varios tiros el pasado 14 de marzo junto al chófer del vehículo en el que viajaba por el centro de Río de Janeiro. Desde el principio, las autoridades trabajaron en la hipótesis de un asesinato político.
La concejala, que pertenecía al izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), era una destacada activista por los derechos humanos, y centraba gran parte de su trabajo en las causas de la población negra, los vecinos de favelas y suburbios, las mujeres y el colectivo LGTBI.
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