El empresario Nayib Bukele comenzó a gobernar y las expectativas sobre su accionar aún generan dudas. Sus partidarios hablan de un nuevo camino hacia el futuro, mientras sus detractores consideran que el joven presidente comenzará una cacería anticomunista
A los niños, cuando están enfermos, se les suele premiar con un dulce o algo que les agrade una vez se les suministra un medicamento, sobre todo si se trata de un jarabe con mal sabor.
Pero cuando se trata de decisiones políticas y se sabe que su resultado será bastante amargo dentro de la población, entonces dar “el premio” o al menos un «caramelito» para endulzar el mar sabor de boca que se avecina, pareciera ser entonces la mejor estrategia para argumentar -con precedentes- que todo lo que ocurra de ahora en adelante se hace con la mejor intención, para borrar lo malo del pasado, para hacer borrón y cuenta nueva, pero sobre todo para tomar las medidas “más duras” y “necesarias” que “permitan” “avanzar” hacia “el futuro”.
Así comienza la historia de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, uno de los tres países, junto a Honduras y Guatemala, que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, región con altísimos niveles de pobreza, indigencia, marginalidad y violencia armada proveniente del narcotráfico hacia Estados Unidos, que sostienen grupos delictivos organizados, responsables de una diversidad de crímenes como asesinatos, abusos sexuales, extorsión, sicariato, desapariciones, reclutamiento forzado para bandas paramilitares, entre otros.
Precisamente es en esta región donde el gobierno de EE. UU. cuenta con presencia militar activa del Comando Sur, que recientemente hizo una gira por esos tres países para ratificar sus “acciones” y “cooperación” con los gobiernos de turno, con el pretexto de la lucha frontal contra el narcotráfico y las bandas criminales, flagelos que junto a la migración masiva -de acuerdo con indicadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)– en vez de bajar sus índices han aumentado exponencialmente.
La primera decisión de Bukele, “un joven empresario asiduo a las redes sociales que rompe con el esquema político instalado en El Salvador desde hace casi tres décadas” -como lo presenta la mediática internacional-, fue dar justo en uno de los temas más sensibles de la historia su país: la Masacre del Mozote, en la que estuvo implicado como principal ejecutor extranjero el actual representante de EE. UU. para Venezuela, Elliott Abrams, también conocido como “el halcón de la guerra”.
A través de Twitter, Bukele ordenó “retirar de inmediato” el nombre del Coronel Domingo Monterrosa del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel, una solicitud que estaba pendiente cumplir por parte del Gobierno desde que la ONU, a través de la Comisión de la Verdad, anunciara que el fallecido militar, formado en la estadounidense Escuela de las Américas con sede en Panamá, fuera el responsable de la Masacre del Mozote.
Se trató de una de las mayores matanza ocurridas en el siglo XX en América Latina contra “comunistas”, donde resultaron asesinadas unas 1.000 personas, en su mayoría niños y mujeres, y que arrasó con familias enteras.
La decisión de Bukele caló dentro de la sociedad salvadoreña. Muchos ciudadanos expresaron que se trataba de un acto de justicia con las víctimas de ese caserío donde estaban asentados miles de campesinos, y que entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981 -el año de nacimiento del ahora Jefe de Estado-, vio cómo un escuadrón de soldados redujo a cenizas los poblados de El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles, donde también abusaron sexualmente de niñas, niños, adolescentes y mujeres; mientras degollaban en público a otras víctimas y luego los exhibían como premios.
Entonces, medios locales reseñan que el gesto de Bukele podría ser tomado como un buen presagio de su naciente gobierno, pero también pudiera convertirse en solo una especie de endulzante contra venideros tragos «amargos» que deberán asumir “todos” para «sacar» a El Salvador “adelante”.
“A veces tocará tomar medicina amarga” escribió Bukele en su Twitter, una especie de advertencia ante los posibles ajustes económicos que sufrirá el pueblo salvadoreño durante su gobierno, pues ya en varias ocasiones él y su grupo de confianza han expresado que su gestión deberá asumir las decisiones “fuertes” y “claves” para poder “rescatar” al país.
Aunque no se trata de la “Operación Rescate” que ejecutó la Masacre del Mozote, el “rescate” de Bukele ya comienza a dirigirse contra los sectores discriminados históricamente.
La Operación Rescate estaba destinada a erradicar las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), guerrilla con ideales comunistas que luchaba contra las arbitrariedades, ilegalidades y crímenes perpetrados por la junta militar que encabezó la dictadura entre 1979 y 1982 en ese país centroamericano y que permitió la conformación de “los escuadrones de la muerte”, un plan diseñado por el gobierno de Estados Unidos para erradicar al comunismo en Latinoamérica.
De aquella catástrofe, con la que pretende vanagloriarse Bukele, pocos fueron los sobrevivientes, pues la orden era perseguir y desaparecer a todo el que pudiera ser considerado enemigo, incluso niños.
Los pocos que pudieron quedar con vida lo hicieron tras huir y esconderse por años en cuevas. Sus lugares de origen habían quedado desolados y vigilados por el Ejército dictatorial. Una historia que guarda semejanzas con la Colombia actual y la presencia de grupos paramilitares y del Ejército, que ejecutan masacres a mansalva, como los falsos positivos de Álvaro Uribe, sin generar escándalo en los grandes medios, pues terminan silenciadas por el gobierno de turno.
Su orden fue cumplida
Desde 1981 hasta 2012, el silencio del Gobierno salvadoreño en torno a la masacre que dirigió Monterrosa, en el terreno, y que planificó Abrams desde Washington, fue absoluto.
Fue Mauricio Funes (2009-2014) el primer presidente que se dispuso a pedir perdón -en nombre del Estado- por la Masacre del Mozote, eso tras una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el caso de Bukele, su acto lo colocará en la historia salvadoreña como el Jefe de Estado que decidió ordenar a las Fuerzas Armadas borrar el nombre del autor de una de las masacres más cruentas perpetradas en el continente.
Su orden fue cumplida, aunque dentro del gremio militar aún existe un ala que defiende el nombre y accionar de Monterrosa, pues aseguran que actúo apegado a “la defensa de la patria”.
El «borrado de nombre», según lo califican algunos simpatizantes de Bukele -un empresario con tendencias misógenas que terminó expulsado del FMLN-, se traduce en el “fin de un ciclo político”, aunque tras casi 40 años de la masacre, ninguno de los presuntos responsables ha sido llevado ante la justicia.
Erradicar las secretarias sociales, el primer tratamiento amargo
Más allá de ese “buen” gesto presidencial, alegan los defensores de Bukele que de esa manera se abre el paso a la nueva “era” salvadoreña, una que busca -por todas las ramas- erradicar cualquier tipo de brote “comunista” que aún exista en del país, sobre todo cuando se evidencia que el principal socio del naciente gobierno es el magnate Donald Trump.
Justamente después de dar la orden por el caso de Monterrosa, Bukele anunció -a través de Twitter- la decisión de eliminar cinco secretarías creadas por el FMLN que atendían a sectores prioritarios que no sólo requieren inversión social sino también inclusión.
Inmediatamente, Bukele fue increpado por un activista de la comunidad sexodiversa, que con esta decisión se ha visto afectada. La respuesta del Presidente a esta persona fue pedirle que lo tomara con calma, pues apenas tenían 36 horas gobernando.
La violencia en El Salvador afecta a una amplia variedad de personas que no sólo incluye a niños, niñas y mujeres, pues también se dirige contra lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), quienes ante la cruda inseguridad que ensombrece las calles se ven obligadas a huir de sus hogares para resguardar sus vidas en otros países.
Al tercer día de su mandato, Bukele fue en busca de otro «caramelo» para la sociedad salvadoreña. Esta vez ordenó -también por Twitter- destituir de la Dirección General de Protección Civil a Jorge Alberto Meléndez, un exguerrillero del FMLN que ha sido señalado por estar presuntamente implicado en el asesinato de su excompañero de guerrilla, el ensayista, escritor y periodista Roque Dalton.
En 2012, la Justicia salvadoreña dictó el sobreseimiento definitivo -por falta de pruebas- de la acusación contra Meléndez y el también exguerrillero Joaquín Villalobos por su presunta participación en la muerte de Dalton el 10 de mayo de 1975.
El socio más notable, Washington
La última decisión de Bukele -esta vez- comienza a mostrar que más allá de hacer justicia con la deuda histórica, parece que busca ajusticiar a cualquier brote de «comunismo», una idea que cuenta con el espaldarazo de Abrams y Trump, y que también hace recordar posiciones extremistas como la de los ultraderechistas Jair Bolsonaro en Brasil y el venezolano Juan Guaidó.
Precisamente, durante y luego de la toma de posesión de Bukele, el pasado sábado 1° de junio, la presencia de la comitiva del Gobierno de Trump fue la más notable, no sólo en el acto oficial, sino en las reuniones posteriores y en las redes sociales, espacio donde el propio titular de la Casa Blanca expresó sus «buenos» augurios al empresario salvadoreño.
También el secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien sostuvo una reunión privada con Bukele y asistió a su toma de posesión, expresó sus «buenas» intenciones.
“Los Estados Unidos siguen comprometidos con nuestra relación con El Salvador y con la exploración de nuevas formas de impulsar el crecimiento económico y la inversión para beneficiar a los salvadoreños en todo el país”, expresó Ross vía Twitter.
Sobre esta “estrecha” relación que se augura entre Estados Unidos y El Salvador, vale la pena recordar las declaraciones de Elliott Abrams sobre la Masacre del Mozote, al calificar esa política intervencionista como «un logro fabuloso”
Igual lo hizo la embajadora estadounidense en San Salvador, Jean Manes, quien dijo ser privilegiada por asistir al acto de juramentación de Bukele y espera fortalecer las buenas relaciones; tal y como lo expresó también Trump al comentar que están listos para trabajar con el empresario por la “prosperidad” de su país.
La Guerra Civil en El Salvador fue financiada -en gran medida- por Estados Unidos, que durante aquellos años destinó al gobierno casi un millón de dólares diarios y apoyo con fuerzas militares, adiestramiento, alimentación, asesores y formación de escuadrones, un proceder que según Washington era para “la consolidación de la democracia en El Salvador”.
¿Quién fue Monterrosa y por qué lo consideran héroe?
El 23 de octubre se cumplirán 35 años de la muerte del teniente coronel José Domingo Monterrosa, uno de los “estrategas” del Ejército salvadoreño, fallecido con otros ocho militares cuando el helicóptero en el que viajaba explotó en las inmediaciones de Joateca, departamento de Morazán.
Para el Ejército, Monterrosa es un héroe de la lucha contra la insurgencia armada y no participó en la llamada «Masacre del Mozote», que ocasionó la muerte de unas mil personas, en su mayoría menores de edad, pues argumentan que no existe documentación que así lo demuestre.
Monterrosa fue entrenado en la estadounidense Escuela de las Américas con sede en Panamá y después se capacitó en tácticas de insurgencia anticomunista en Taiwán.
Por su “trabajo”, el museo de las Fuerzas Armadas de El Salvador creó una sección especial a su nombre y, post mortem, el Congreso lo nombró “Héroe de Joateca” y lo declaró héroe nacional.
Pero para relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, Fabián Salvioli, el “trabajo” de Monterrosa debe ser deplorado y en ese sentido su nombre debe retirarse de cualquier espacio que lo honre, pues fue el responsable de esa masacre.
«He pedido que se quite el nombre del coronel Monterrosa al destacamento militar. No se le puede rendir honores a alguien responsable de una masacre. ¿Qué clase de valores son esos?, acotó Salvioli.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad de 1993, que detalló las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1980-1992) de El Salvador, Monterrosa fue el comandante del batallón de élite Atlacatl, cuyos miembros perpetraron la masacre.
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