Bukele propone canje a Maduro: venezolanos deportados por presos políticos

En un giro inesperado en la crisis migratoria, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, un acuerdo de intercambio humanitario que involucra a 252 venezolanos detenidos en territorio salvadoreño y una cantidad igual de presos políticos retenidos por el gobierno de Venezuela.

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El ofrecimiento se produjo tras la reciente llegada de centenares de migrantes deportados por Estados Unidos, en el marco de su política migratoria más estricta, impulsada por el expresidente Donald Trump. Entre los deportados, 252 son venezolanos que, según las autoridades salvadoreñas, fueron identificados como posibles miembros de organizaciones delictivas como el Tren de Aragua durante operativos realizados en territorio estadounidense. Actualmente, estos individuos se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Bukele.

El presidente salvadoreño explicó que su propuesta busca un trato equilibrado: mientras los venezolanos detenidos en El Salvador enfrentan cargos por delitos graves como asesinato y violación, los opositores presos en Venezuela, según él, están encarcelados únicamente por razones políticas y por desafiar al régimen de Maduro.

Entre los nombres mencionados por Bukele para el posible canje figuran figuras relevantes de la oposición venezolana, como Rafael Tudares, Roland Carreño, Rocío San Miguel, y Corina Parisca de Machado, esta última madre de la líder opositora María Corina Machado. El mandatario salvadoreño también incluyó en su solicitud a los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina en Caracas y a cerca de 50 ciudadanos extranjeros también considerados presos políticos por organizaciones internacionales.

Esta iniciativa surge en medio de un ambiente tenso entre El Salvador, Venezuela y Estados Unidos. Hace apenas un mes, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar deportaciones masivas de migrantes venezolanos y salvadoreños, acusándolos de estar vinculados a bandas criminales transnacionales, sin presentar pruebas concretas.

El caso de Kilmar Ábrego, un salvadoreño deportado bajo esta misma legislación pese a contar con protección legal desde 2019, ha reavivado el debate sobre el uso de leyes migratorias para fines políticos. Aunque la Corte Suprema de EE.UU. ordenó recientemente facilitar su regreso, la administración estadounidense se ha negado a cumplir con el fallo, argumentando que ya se encuentra fuera de su jurisdicción.

En este complejo panorama, Bukele —conocido por su postura firme contra las pandillas y su cercana relación con Trump— afirmó desde la Casa Blanca que sería ilógico permitir el retorno de individuos señalados como terroristas a suelo estadounidense, aunque su propio país ha recibido a varios de ellos en condiciones extremadamente controladas.

La propuesta de Bukele, presentada como un gesto de humanitarismo, se enfrenta a una dura paradoja: mientras exige la liberación de presos políticos en Venezuela, mantiene a cientos de migrantes detenidos sin procesos judiciales claros en una cárcel diseñada para pandilleros. Su discurso de defensa de los derechos humanos contrasta con una política de mano dura, donde los migrantes son tratados como amenazas antes que como personas con derechos. En su intento por ganar protagonismo regional, el mandatario salvadoreño parece más enfocado en fortalecer su imagen internacional que en garantizar justicia y legalidad dentro de sus propias fronteras.

Foto: El Ciudadano

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