Buscan desacreditar investigaciones independientes sobre caso Ayotzinapa

Foto: Perseo Greco

En conferencia de prensa la organización Seguridad Justicia y Paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. que representa José Antonio Ortega Sánchez cuestionó directamente el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A pocas semanas de la segunda etapa de que el GIEI retomara su trabajo de investigación sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, este Consejo pone entre dicho ha Ángela María Buitrago de Colombia y directamente ha Cludia Paz y Paz de Guatemala por su desempeño en su trabajo he ideología como expertos ya que son miembros del GIEI.

La organización que encabeza José Antonio Ortega Sánchez no se opone a la participación de extranjeros en las investigaciones , afirmó, «si no a que falsos expertos vengan aquí con sus agendas destructivas para distorsionar los hechos y ocultar la verdad».

Esta misma organización presentó a «extranjeros de buena voluntad para venir a decir la verdad de lo que pasa realmente», como invitados centrales fue Gilda Aguilar de nacionalidad guatemalteca para profundizar en la actividad y vida de Claudia Paz y Paz, acusándola seriamente de un atentado en contra de su vida con esto la violación de derechos humamos y puntualizó que la Doctora Paz y Paz es responsable de este ataque y la acusó de organizar grupos «violentos y terrorista».

Esta conferencia se da en el marco de las próximas investigaciones que realizará el GIEI bajo autorización firmada por el Estado Mexicano y ha más de un año de los hechos de la «noche de Iguala». No solo el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ha cuestionado el trabajo y desempeño de los expertos, si no también la organización «Alto al Secuestro» que representa Isabel Miranda de Wallace acusando de un «conflicto de intereses» a Emilio Álvarez Icaza y a Francisco Cox también integrantes del GIEI.

Miranda de Wallace es ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 y entregado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y candidata para a la Jefatura del Distrito Federal por parte de Partido Acción Nacional (PAN), en el que milita este mismo expresidente.

Así mismo, se señaló al máximo dirigente del Partido MORENA Andrés Manuel López Obrador acusándolo de «empecinarse en mantener la candidatura de José Abarca» alcalde de Iguala donde se suscitaron los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

También se cuestionó las investigaciones del GIEI por desestimar importantes puntos donde la Procuraduría General de la República ha profundizado la captura de más de cien involucrados ya presos pero no condenados y la investigación que la misma ha realizado a elementos militares donde se les ha «encontrado inocentes» de las acusaciones que testigos incluyendo a médicos que han señalado y afirmado su participación en los hechos de Iguala, Guerrero.

Fuera del recinto se realizó un mitin, se denunció la participación de agentes policiales, persecución y cárcel de activista sociales, se pronunciaron por la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los 43 normalista de Ayotzinapa y justicia por los asesinados en Iguala, Guerrero y el resto del País.

Por último, cabe subrayar que Seguridad Justicia y Paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. es representado por José Antonio Ortega Sánchez quien fue agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) detenido al correr y presentar muestras de sangre en su sudadera el día que asesinaron al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Al practicarle las pruebas pertinentes para saber si había accionado alguna arma de fuego en ese momento salió positivo a la prueba de rodizonato de sodio, por tal motivo generó sospechas de este asesinato. Tiempo después se encontraron pruebas de que conocía ampliamente a Mario Aburto Martínez. José Antonio Ortega Sánchez salió libre sobre las reservas de Ley y Mario Aburto Martínez fue condenado a 45 años de prisión.

Por Perseo Greco

El Ciudadano