En El Salvador, las maras ordenaron un paro masivo e indefinido del trasnporte público a partir del pasado lunes bajo amenaza de muerte a cualquier conductor de bus que desafíe la prohibición.
Se trata de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 que, desde el lunes, han acabado con la vida de siete choferes que se negaron a llevar a cabo el paro impuesto.
De esta forma tan violenta las maras buscan obligar al Gobierno a negociar sus exigencias, entre las que se encuentra la reducción del acoso policial y militar, privilegios carcelarios a sus jerarcas y beneficios socioeconómicos a sus miembros.
A consecuencia del paro masivo que conllevará grandes pérdidas a las compañías de transporte, miles de salvadoreños se ven obligados a buscar formas alternativas para trasladarse diariamente a sus trabajos.
El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén anunció que «si es necesario desplegar la Fuerza Armada para patrullar las calles de San Salvador, lo vamos a hacer. Es una Fuerza Armada que en ningún momento se va a prestar a desestabilizar al Gobierno, porque está formada en una doctrina de respeto a la institucionalidad y respeto al poder civil«.
El secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas, indicó al diario El País que «los grupos delincuenciales están queriendo doblegar al Gobierno para que les demos beneficios y puedan reorganizarse y fortalecerse. Pero hemos dicho que el Ejecutivo no negociará ni dialogará bajo ninguna circunstancia con grupos delincuenciales«. Lo que las autoridades de Seguridad harán es «profundizar los planes de seguridad«, subrayó.
La Policía Nacional Civil (PNC) anunció que había tomado acciones para aumentar al máximo la seguridad: «Hemos decidido suspender las licencias de todo el personal policial para poder contar con el 100% de la fuerza«, afirmó el subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto.