Clasifica Gobierno de Argentina como “idiotas” e “imbéciles” a personas con discapacidad mental

El gobierno argentino ha generado una intensa polémica al emplear términos despectivos y obsoletos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para clasificar a personas con discapacidad intelectual en una reciente normativa oficial.

Esta clasificación se detalla en la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 14 de enero de 2025. La resolución establece criterios médicos para evaluar la invalidez laboral y determinar la elegibilidad para pensiones no contributivas, utilizando terminología que ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y asociaciones dedicadas a la defensa de las personas con discapacidad.

Según el anexo de la resolución, las categorías se definen en función del coeficiente intelectual (CI) de la siguiente manera:

• CI 0-30: «Idiota». Personas que no han desarrollado el habla, no saben leer ni escribir, no reconocen el valor del dinero, carecen de control de esfínteres, no pueden atender sus necesidades básicas y son incapaces de vivir de manera independiente.
• CI 30-50: «Imbécil». Individuos que no leen ni escriben, pueden atender necesidades elementales y realizar tareas simples.
• CI 50-60: «Débil mental profundo». Personas que pueden firmar, poseen un vocabulario limitado, no manejan dinero y son capaces de realizar tareas rudimentarias.
• CI 60-70: «Débil mental moderado». Individuos que saben leer y escribir, realizan operaciones matemáticas básicas, entienden el uso del dinero y pueden desempeñar trabajos de baja exigencia intelectual.
• CI 70-90: «Débil mental leve». Personas que han completado la educación primaria y, en algunos casos, la secundaria, y son capaces de realizar tareas de mayor complejidad.

La resolución también indica que aquellos clasificados como «débiles mentales fronterizos», «leves» o «moderados» podrán acceder a la pensión únicamente si no han desarrollado sus habilidades básicas ni han realizado trabajos remunerados previamente.

La implementación de esta terminología ha suscitado un rechazo generalizado. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis organizaciones de derechos humanos han exigido la derogación inmediata de la normativa, argumentando que viola los principios de respeto e inclusión establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Estas organizaciones sostienen que el uso de términos peyorativos refuerza prejuicios y estereotipos negativos, perpetuando la discriminación hacia las personas con discapacidad.

Agostina Quiroz, abogada del programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, señaló que la utilización de esta terminología es «particularmente problemática» cuando proviene del Estado, ya que es su responsabilidad combatir estos discursos discriminatorios. Además, enfatizó que el enfoque médico adoptado en la resolución es arcaico y contradice el modelo social de la discapacidad, que entiende esta condición como resultado de la interacción entre las características individuales y las barreras presentes en el entorno.

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Ante la creciente presión social y mediática, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió un comunicado aclarando que «no hubo intención discriminatoria» en la redacción de la resolución y que se trató de un «error». Sin embargo, este pronunciamiento no ha mitigado las críticas, y diversos sectores continúan exigiendo una revisión profunda de las políticas públicas relacionadas con la discapacidad, promoviendo un enfoque inclusivo y respetuoso que garantice los derechos y la dignidad de todas las personas.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad urgente de actualizar y sensibilizar las normativas oficiales para evitar la perpetuación de términos y conceptos ofensivos y discriminatorios, asegurando así una sociedad más justa e inclusiva para todos.

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