La mirada del mundo comprometido con la paz, el desarme, el desarrollo sustentable y todas las letras que componen la estructura del multilaterismo están sobre Venezuela.
Este lunes, la Administración Trump alcanzó el punto quizá más alto en la escalada de sus actos lesivos contra la economía y la sociedad venezolana, al ampliar a la categoría de embargo las medidas coercitivas y unilaterales contra la República Bolivariana. Una medida que, según el The Wall Street Journal, consiste en un «embargo económico total».
Aislamiento económico financiero
Con la firma de la Orden Ejecutiva referida el lunes en la noche por el presidente estadounidense, Donald Trump, se refuerzan las prohibiciones a cualquier relación con el Estado venezolano. La medida impone el embargo a los bienes venezolanos en suelo estadounidense, entre ellos la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Citgo.
Embargo integral sobre la economía venezolana
Según El Nuevo Herald, Trump amplió sustancialmente las sanciones «llevando el bloqueo económico impuesto a Venezuela a extremos similares a los aplicados a Corea del Norte, Irán y Cuba».
La nueva medida, refiere el medio, en esencia «permitiría la aplicación de sanciones contra cualquier individuo o compañía que sostenga operaciones o brinde cualquier tipo de respaldo al régimen de Caracas», lo cual consiste en una profundización de la asfixia contra Venezuela.
La complejidad de la medida y las derivaciones que podría tener suponen que cualquier empresa petrolera, ente financiero o cualquier actividad económica de comercio de bienes y servicios que tenga algún vínculo con Venezuela estará sujeta a acciones punitivas, aplicando la metodología de «sanciones» que Washington ejecuta unilateralmente.
Según la jurisprudencia internacional, el único ente facultado para emitir sanciones es el Consejo de Seguridad de la ONU, y por esa razón expresa, las medidas que toma el Gobierno estadounidense contra Venezuela son ilegales.
Para Venezuela, la ampliación y profundización de este tipo de actos busca inhabilitar al Estado venezolano para efectuar tratos comerciales.
Para explicarlo al detalle, indudablemente se verán seriamente afectadas las políticas del Estado venezolano como la de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que implica la importación de alimentos. Igualmente, la compra internacional de otros rubros como medicinas para el sistema de salud pública.
La provisión de servicios públicos esenciales, como electricidad y agua, que dependen en gran parte de tecnologías, piezas e insumos importados que son suministrados por empresas ligadas al sistema, podrían verse más comprometidos dada la imposibilidad de que estos proveedores puedan efectuar acuerdos directos o indirectos con el Estado venezolano.
Según la cadena BBC, esta medida de embargo guarda similitudes con la Ley Helms Burton con la cual se le ha aplicado un bloqueo a Cuba durante más de 50 años.
La medida prohíbe ―salvo que esté expresamente exenta― toda operación con activos perteneciente a cualquier entidad gubernamental de Venezuela, incluyendo organismos estatales como el Banco Central de Venezuela o la petrolera PDVSA, así como con cualquier individuo o agrupación controladas directa o indirectamente por ellas.
En una carta dirigida al Congreso, Trump aludió: «He determinado que es necesario bloquear las propiedades del Gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro», según cita de la agencia Reuters.
La medida será aplicada sobre «todos los bienes e intereses de propiedad del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos, o que se encuentran bajo el poder o control de cualquier persona de Estados Unidos». Estos activos «están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de ninguna otra manera», reseña la Orden Ejecutiva.
Washington estaría insatisfecho de los avances del diálogo
Según el medio estadounidense The Wall Street Journal, es «la primera vez que Washington aplica medidas de este tipo contra un Gobierno del hemisferio occidental en más de 30 años».
La medida pone en entredicho cualquier acto de enajenación, transferencia y confiscación por órdenes de tribunales estadounidenses de CITGO, tal como estaba planteado recientemente mediante el fallo de una Corte de Apelaciones de Estados Unidos a favor de la empresa Crystallex, que reclama mediante propiedades de CITGO el pago de 1.800 millones de dólares.
La medida de embargo supone el control total del propio Gobierno estadounidense de dichos activos en un ejercicio de clara discrecionalidad, lo que da por sentado la pérdida de esos bienes de la República.
Puntos esenciales y contexto
La Administración Trump lanza un mensaje en el marco de las conversaciones entre venezolanos que tuvieron lugar en Oslo y que ahora continúan en Barbados mediante el auspicio de Noruega. La intención parece clara, consistiría en dinamitar los probables acuerdos que podrían estar previstos entre el chavismo y la oposición, pues la asfixia económica contra Venezuela es uno de los puntos esenciales en discusión.
En teoría, Washington estaría insatisfecho, dado que los avances y probables acuerdos que se consumarían entre venezolanos no se corresponderían a las exigencias impuestas por la Administración Trump.
Imposición e intervencionismo
Elliott Abrams indicó recientemente que «claramente tiene que haber unas nuevas elecciones libres y justas. Y no es posible que haya elecciones libres y justas con Maduro en la presidencia».
Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, resaltó que en el marco de las conversaciones en Barbados «sería inconcebible tener elecciones que realmente representen al pueblo venezolano si Maduro sigue estando presente en el país».
Washington estaría imponiendo, en clara intrusión en los asuntos de otro país, que el Gobierno reelecto del presidente Maduro salga del poder y sea transferido al «presidente» autoproclamado Juan Guaidó, impuesto por instrucciones de la Casa Blanca. Es decir, Washington sugiere realizar «elecciones libres» en medio de una trama de golpe de Estado consumado.
La Administración Trump estaría calibrando también los escenarios electorales en la política interna estadounidense, proyectando la reelección de Trump como una carrera de largo aliento. Esto supone que Trump decide actuar en correspondencia con los sectores que integran las diásporas cubana y venezolana, ubicadas en Florida, un estado electoralmente determinante, donde esos sectores han exigido un rol mucho más activo de Trump contra Venezuela y Cuba.
Las acciones de recrudecimiento del bloqueo contra Cuba y ahora el decreto de embargo contra Venezuela van acompasados en esa línea.
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