La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 15/2016, dirigida al Ayuntamiento de Torreón, por la retención ilegal en agravio de un hombre, su esposa y el hermano de ésta; tortura y violencia sexual contra la mujer, tortura en agravio de su hermano, y ejecución arbitraria de su esposo, por siete policías municipales.
La recomendación también fue dirigida al Gobernador del Estado de Coahuila, por la afectación al derecho a la verdad, conductas atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.
El 6 de mayo de 2013, la CNDH recibió escrito de queja en que se menciona que el 12 de febrero de ese mismo año, a las 10:30 horas, un hombre, su esposa y el hermano de ésta, fueron detenidos por siete elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón (DSPM), sin motivo ni orden de aprehensión, al momento en que abordaban una camioneta de su propiedad.
En la queja, las víctimas afirmaron que fueron golpeadas con culatas de armas y trasladadas a las oficinas de la DSPM, donde se les continuó golpeando; se les despojó de 20 mil pesos, ropa, alhajas y el vehículo en que se transportaban.
Ahí, la mujer fue violada en diversas ocasiones por los agentes aprehensores, en presencia de su esposo, quien fue víctima de tortura, consistente en desprendimiento de la piel de las piernas, golpes con palos y toques eléctricos; a causa de esas lesiones perdió la vida antes de ser puesto a disposición de la autoridad competente.
La mujer y su hermano fueron llevados ante la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) e ingresados a un hospital por las lesiones que presentaban.
Por otro lado se evidenciaron violaciones del derecho a la verdad en agravio de los familiares del hombre fallecido, atribuibles a un perito médico de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila y al agente del Ministerio Público que dirigió la identificación del cadáver. El primero incumplió la obligación de elaborar un protocolo de necropsia exhaustivo y descriptivo de toda la región corporal, ya que omitió describir las regiones genitales.
El Agente del Ministerio Público, al entregar el cuerpo a un primo de la víctima (quien decidió la incineración inmediata), incumplió la obligación de preservar el cadáver, que contaba con signos de muerte violenta, no natural, lo que implicó eliminar una prueba clave para el esclarecimiento de los hechos e investigación del homicidio.
Por ello, la CNDH pidió al gobernador de Coahuila instruir dar seguimiento al procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la queja que presente ante el Órgano Estatal de Control de Coahuila, contra el perito médico y el agente del Ministerio Público mencionados; ordene se integre y determine la averiguación previa a la brevedad posible, así como implementar e impartir capacitación y formación del “Protocolo de Estambul” a los peritos médicos y psicólogos de la Procuraduría estatal.
A los miembros del Ayuntamiento de Torreón, solicita se repare el daño a los familiares del fallecido y a las demás víctimas; implementar un curso de capacitación y formación en materia de prevención de la tortura y de ejecuciones arbitrarias, dirigido a todo el cuerpo policial del municipio.
Asimismo, colaborar con la CNDH en el seguimiento de los procedimientos penal y administrativo que se inicien con motivo de las denuncias y queja que presente ante la Procuraduría estatal y la Contraloría Municipal del Ayuntamiento, respectivamente, contra los siete policías municipales y quien resulte responsable; colaborar con este Organismo Nacional en la inscripción y seguimiento de las víctimas sobrevivientes y sus familiares en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de Coahuila.
Vía: Comisión Nacional de Derechos Humanos
El Ciudadano
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