El Poder Legislativo de Colombia, formado por la Cámara de Representantes y el Senado, aprobó este miércoles el proyecto de ley de amnistía, en medio de llamados a preservar el espíritu de los acuerdos de paz por parte de las FARC-EP.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley, que busca dar seguridad jurídica a los miembros de las FARC-EP para que entreguen las armas como parte del acuerdo de paz con el Gobierno, por 121 a favor y cero en contra. Durante la sesión, el uribismo se retiró de la sala. En el Senado, por otra parte, la votación quedó con 69 votos a favor y cero en contra.
FOTO: EFE
Tanto el presidente colombiano Juan Manuel Santos como el máximo líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, «Timochenko», consideraron que la aprobación del proyecto de ley de amnistía es un paso más hacia la paz.
«Gracias al Congreso que con votación histórica aprobó Ley de Amnistía, primer paso para la consolidación de la paz», escribió Santos este miércoles en su cuenta de Twitter.
«Saludamos aprobación de la Ley de Amnistía, este es un paso más, en el largo camino que tenemos que transitar los colombianos hacia la paz», dijo «Timochenko» a través de su cuenta en la red social.
La agrupación política de ciudadanos en ejercicio «Voces de Paz», que promueve la creación del futuro partido en el que se convertirá el grupo insurgente tras dejar las armas en su totalidad, también celebró la aprobación de la ley.
Según TeleSUR, Diego Martínez, uno de los abogados que asesora a las FARC-EP, aseguró que la ley de amnistía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son respetuosas del debido proceso y las normas del derecho internacional; puede ser negativa cualquier modificación que excluya contenidos consignados en el Acuerdo Final del 24 de noviembre.
Por su parte, el legislador por la convergencia de izquierda Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, considera que lo consensuado entre el Gobierno y las FARC-EP desarrolla equilibrios, principios que respetan los derechos de todas las víctimas,y que mal harían ahora el Ejecutivo o los congresistas en comenzar a colgarle aspectos que no tiene el tratado definitivo o quitarle fuerza a las medidas estipuladas.
«Esta no es una amnistía general, sino que excluye a responsables de todos los delitos que puedan ser considerados de lesa humanidad, graves crímenes de guerra o genocidio», comentó Martínez, en referencia a las críticas de organizaciones como Human Rights Watch.
La iniciativa recoge el perdón jurídico para todos los miembros de la guerrilla, excepto para los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma, como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.
También contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que hayan podido cometer crímenes en el marco del conflicto armado.
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