Colombia ha vivido durante más de medio siglo un conflicto armado, un flagelo que afectó, desde el accionar del paramilitarismo, a civiles, políticos y la sociedad civil. Vio una posible solución con el conocido Proceso de Paz, pero aun así, la nación neogranadina no garantiza del todo el respeto a los derechos humanos.
El actual presidente de Colombia, Iván Duque, no escapa de los señalamientos y cuestionamientos sobre su política de seguridad, se ha visto en la obligación de tomar acciones para demostrar ante la opinión pública qué hay garantías en esta materia.
En ese sentido, el mandatario creó una comisión que analizará los procedimientos de las operaciones militares en el país para comprobar que se respeten estos derechos.
La medida es anunciada por Duque luego de que el diario estadounidense The New York Times denunciara que las acciones de las fuerzas militares ponen en riesgo la vida de civiles en su nación.
«He decidido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales en materia de derechos humanos y en materia del derecho internacional humanitario», afirmó.
El pasado 18 de mayo, NYT publicó un artículo titulado “Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles”, del periodista Nicholas Casey, según el cual, documentos privados del Ejército dejaban ver un posible impacto en el incremento de muertes extrajudiciales de civiles.
En la publicación, se afirma que “a inicios de año, los generales y coroneles colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques”.
Según recoge el NYT, en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales hay constancia de que el comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso.
En el texto se menciona a algunos militares, sin exponer nombres. Ellos opinan que “esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias”.
Las órdenes, revisadas por The New York Times y tres oficiales de alto rango que hablaron sobre esas medidas, son apreciadas en el escenario internacional como “otra encarnación de esa política que está siendo impulsada por el nuevo Gobierno contra los grupos criminales, guerrilleros y paramilitares del país”.
La investigación hecha por el periodista Casey, hoy fuera del país y señalado de falsas acusaciones por parte de algunos senadores colombianos, “es de interés público”, y así lo defiende la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para Las Américas de Human Rights Watch, señaló que el caso representa un retroceso para el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia.
Mientras esto ocurría, el Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería y el Ministerio de Defensa, emitió el martes una carta al editor del New York Times, en la que cuestiona las versiones citadas en el artículo.
«El autor se refiere a supuestas entrevistas con oficiales no identificados y a documentación oficial citada parcialmente y sacada de su contexto«, dice el texto.
Medios colombianos, por su parte, citan al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, diciendo que en Colombia no hay riesgo de que civiles mueran en operaciones militares y que si eso llegara a suceder, prefieren cancelar la acción.
El Ejército de Colombia, a su vez, desmintió que esté buscando a los militares que habrían revelado al diario estadounidense “una orden del alto mando que impulsaba incentivos a sus tropas para mejorar los resultados operacionales, con el riesgo de que se volviera a la práctica de los asesinatos extrajudiciales”.
En el artículo publicado por NYT se habla de incentivos a los efectivos en medio de estas operaciones: “se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de los 2000”.
«Las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales, sobre supuestas indagaciones para identificar fuentes relacionadas con una publicación o sobre supuestos polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie», dijo en un comunicado el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército, citado por Sputnik.
El 22 de mayo, HRW preguntó sobre el tema al ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero.
«¿Es cierto que en este momento están interrogando a 15 oficiales en la sede de la Segunda División del Ejército para saber quién le dio la información al New York Times? Sería muy grave que hubiera retaliaciones contra oficiales que se animaron a contar la verdad», se lee en un tuit publicado por José Miguel Vivanco.
La respuesta del oficial de alto rango aclaró que las únicas reuniones que se han dado es para tratar temas ambientales, no por nada relacionado con la publicación del diario estadounidense.
El lunes, el Comando del Ejército de Colombia anunció que retirará el documento, presentado a las tropas en enero de este año y que contaba con la aprobación del Gobierno.
La medida se tomó para «evitar malas interpretaciones», según dijo el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, al diario local El Tiempo.
De acuerdo con el medio ruso Sputnik, entre los años 2002 y 2008 brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como guerrilleros caídos en combate, en lo que se conoce como casos de «falsos positivos», con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.
En medio de toda esta polémica, Iván Duque asegura que la Comisión Presidencial de Excelencia Militar debe darles a los colombianos, y a todos los miembros de la Fuerza Pública, una gran confianza para que no haya la más mínima duda sobre su conducta y la forma como siempre operan, conforme a la Constitución y la Ley.
En su usuario de la red social Twitter, el mandatario colombiano sostiene que “todos los colombianos queremos la paz. Pero una paz con genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y no repetición. Todas las personas que auténticamente abandonaron el camino de la violencia y están en proceso de reincorporación recibirán apoyo y garantías del Estado”.
El presidente colombiano informó que la Comisión Presidencial de Excelencia Militar la conformarán tres importantes juristas, independientes y con una gran solvencia profesional y ética: el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez.
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