El 23 de enero de 1994 miembros del frente quinto de las FARC-EP irrumpieron en el barrio La Chinita de Apartadó (Antioquia), masacraron a 35 personas y dejaron a otras 17 heridas. Durante aquel período, la zona tuvo mucha presencia de diversos grupos armados, como las FARC-EP, el EPL y el M-19, además de paramilitares, y escasa mano de las autoridades. Ahora, en pleno proceso de los acuerdos de paz, la reparación de las víctimas pasa al primer plano también para el grupo insurgente.
Este lunes, 22 años después, a través de un comunicado, las FARC-EP anunciaron que reconocerán públicamente su responsabilidad en la masacre. La decisión fue tomada durante una reunión entre las delegaciones de los excombatientes, el Gobierno y representantes de las víctimas de la comunidad, donde solicitaron que el grupo insurgente hiciera un «acto de reconocimiento público de responsabilidad de esos hechos».
Se realizo reunión con representantes de las víctimas de la masacre de La Chinita. Vía → @FARC_EPaz https://t.co/8WO6PCNCji
— FARC-EP (@FARC_EPueblo) 13 de septiembre de 2016
«Las FARC-EP reiteran su voluntad de llevar a cabo este acto de reconocimiento de responsabilidad, y el Gobierno Nacional manifiesta su disposición de apoyar la realización del evento”, indicó el comunicado conjunto.
Junto con eso, el pasado fin de semana las FARC también pidieron perdón por el secuestro y posterior asesinato, hace nueve años, de 11 diputados departamentales del Valle del Cauca. La guerrilla calificó de “absurda” y “vergonzosa” la acción. “Este hecho nunca debió haber ocurrido”, dijo el jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez.
En un encuentro en la capital cubana con nueve familiares de los diputados secuestrados en abril de 2002, y ejecutados por guerrilleros en 2007, las FARC reconocieron su responsabilidad en los homicidios. “No vamos a evadir nuestra responsabilidad”, porque “ellos estaban en nuestras manos”, señaló el comandante Pablo Catatumbo, quien también señaló que “la muerte de los diputados fue lo más absurdo que he vivido en la guerra” .
En el marco del acuerdo de paz, la guerrilla se comprometió a pedir perdón, reconocer sus crímenes, reparar a las víctimas y contar la verdad. En caso de no hacerlo y comprobarse su responsabilidad, sus miembros podrán afrontar penas de hasta 20 años de prisión.
Las FARC y el gobierno colombiano firmarán el 26 de septiembre, en Cartagena, el acuerdo de paz que sellaron en agosto en Cuba y que sólo será efectivo si es aprobado por los colombianos en el plebiscito del próximo 2 de octubre.